El Ministerio Público informó este miércoles que someterá un recurso de apelación en rechazo a la medida de coerción que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputadas por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.
En respuesta a la solicitud del órgano acusador, que solicitó la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, el tribunal respondió imponiendo una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Centro Educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Entre tanto, el juzgador ordenó la libertad sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
El Ministerio Público reitera que las medidas de coerción que solicitó son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que se abocará a apelar esta decisión.
“No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Junto a Llaverías subió también en representación del Ministerio Público, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.
El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
