Continúa esta tarde el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Santiago Hazim Albainy y otros nueve implicados en presuntos sobornos y desfalco al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Luego de haber sido aplazada el pasado martes para que los abogados de los acusados prepararan su defensa, el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidirá si acoge o no el pedido del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva al grupo.
Con un expediente de más de 500 páginas, el órgano acusador también pide que el caso sea declarado complejo.
Mientras que los acusados, encabezados por el exdirector del Senasa, se encuentran bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, mientras esperan por la medida coercitiva que iniciará a las 2:00 de la tarde.
El exfuncionario Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera son señalados como participantes en un fraude cometido en Senasa estimado en 15 mil millones de pesos.
Conforme al expediente de solicitud de medida de coerción, Santiago Hazim recibía beneficios que formarían parte del entramado fraudulento desde antes de asumir como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público resalta beneficios como vehículos de alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de una supuesta estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Senasa, aunque no se especifica el nombre del empresario.
Apuntan que Hazim inició con todas las maniobras fraudulentas desde el 21 de agosto de 2020, día en que mediante el decreto 377-20 fue designado como titular de Senasa.
“De igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública”, indica el MP.
El documento señala que estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa en perjuicio del Estado.
