El dirigente político Abel Martínez llama a las autoridades a actuar con firmeza y determinación ante la migración de haitianos indocumentados, que a su juicio, pone en riesgo el sistema sanitario, educativo, la seguridad ciudadana, la soberanía y la democracia de la nación.
Martínez destacó que “según cifras oficiales, más del 37% de los partos en maternidades públicas del país son realizados a mujeres haitianas en situación migratoria irregular, lo que representa un impacto significativo en el ya limitado presupuesto de salud”.
“Se estima que más de 25 mil millones de pesos del presupuesto anual del Estado se destinan a cubrir gastos de salud de inmigrantes haitianos, lo que representa una carga insostenible que amenaza con colapsar los servicios públicos esenciales. Si hablamos del ámbito educativo, miles de niños dominicanos se ven excluidos de las aulas debido a la ocupación de plazas por menores haitianos, algo que es denunciado por padres permanentemente y que las autoridades se encargan de negar de manera sistemática. Esta situación profundiza la exclusión social y reduce las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos del país”, señaló Abel Martínez en un comunicado de prensa.
El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, afirma que “el flujo descontrolado de inmigrantes ilegales no solo genera un desgaste en los recursos del Estado, sino que también pone en peligro la seguridad ciudadana y el orden público. Las comunidades dominicanas, en especial aquellas ubicadas en la periferia de las ciudades y en zonas rurales, enfrentan el crecimiento de asentamientos irregulares en las orillas de ríos, cañadas y construcciones abandonadas. Estas ocupaciones ilegales aumentan la presión sobre los servicios básicos y representan un desafío medioambiental para las regiones afectadas.
Deportaciones masivas
Ante esta realidad, Abel Martínez considera que el Gobierno dominicano debe implementar de manera urgente medidas de deportación masiva para enfrentar el flujo migratorio irregular y asegurar que las personas en situación ilegal sean retornadas a su país de origen. “Las deportaciones deben realizarse con apego a la ley, pero con firmeza y celeridad, ya que la permanencia de millones de extranjeros ilegales amenaza con desestabilizar el tejido social y económico de la nación”.
