Este lunes, Teleuniverso Canal 29 transmitió en vivo, a través de su canal de YouTube, la “Semanal con la Prensa”, donde el presidente Luis Abinader abordó temas relacionados con la Estrategia Nacional de Integración Pública.
Durante su intervención, el mandatario presentó los pilares fundamentales para el control y fiscalización de los recursos públicos, destacando los siguientes puntos:
- Modernización del control interno y externo.
- Monitoreo basado en indicadores de eficacia y transparencia.
- Uso de tecnología para una fiscalización oportuna.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la integridad en la justicia y la lucha contra la impunidad, mediante:
- La implementación de un sistema de denuncias protegidas.
- El fortalecimiento de los mecanismos de persecución y sanción de la corrupción.
- La recuperación del patrimonio público sustraído.
El presidente subrayó que, por primera vez en la historia de la República Dominicana, la corrupción es tipificada como un delito autónomo, conforme al nuevo marco legal. La legislación actual penaliza toda conducta que afecte los bienes del Estado, incluyendo nuevas figuras delictivas relacionadas con la administración pública.
En este contexto, se anunció la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, que será desplegada en todas las instituciones públicas, con el objetivo de instruir y sensibilizar a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general sobre la prevención de la corrupción.
Abinader también se refirió específicamente a los delitos en contrataciones públicas, tales como:
- Otorgar contratos sin el debido proceso de licitación.
- Alterar precios reales para obtener beneficios personales.
- Realizar pagos por bienes o servicios inexistentes.
- Participar en decisiones contractuales con conflicto de interés.
Entre los delitos del Código Penal aplicables al sector público se destacan:
- Peculado: Uso o apropiación indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario.
- Desfalco: Apropiación de fondos públicos bajo su custodia.
- Concusión: Cobro ilegal de dinero por parte de un funcionario.
- Coalición de funcionarios: Acuerdo entre servidores públicos para cometer delitos contra el Estado.
También se abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas), incluyendo:
- Permisividad frente a actos de corrupción cometidos por sus miembros.
- Soborno transnacional.
- Complicidad en actos de corrupción.
- Participación directa en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Las sanciones para estos delitos pueden alcanzar hasta 200 salarios mínimos.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, el presidente explicó que esto incluye:
- Poseer recursos que no pueden ser justificados con los ingresos del cargo.
- Falsedad u omisión en la declaración jurada de patrimonio.
- No presentar dicha declaración o esconder bienes.
Las penas oscilan entre 3 y 10 años de prisión.
Sobre el soborno y el tráfico de influencias, se definieron los siguientes:
- Cohecho pasivo: Cuando un funcionario acepta dinero o favores para actuar de forma indebida,
- Cohecho activo: Cuando un ciudadano entrega sobornos para obtener beneficios ilegales,
- Tráfico de influencias: Uso de conexiones internas para favorecer intereses personales.
Estos delitos también contemplan penas de 3 a 10 años de prisión.
Finalmente, se mencionaron otras prácticas sancionables como:
- Abuso de poder y uso del cargo para obtener beneficios ilegales.
- Negociaciones incompatibles con la función pública.
- Uso indebido de información privilegiada.
Algunas de estas conductas podrían conllevar hasta 30 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
