Por: Carlos Manuel Estrella
La insistente vocación del presidente Luis Abinader por la moralización del ejercicio de la función pública, que deberá ser parte del legado político que pretende dejar a su paso por el poder, tiene una nueva evidencia en la firma del compromiso ético contra la corrupción, por la buena gestión y la transparencia.
Recién juramentado para su segundo cuatrienio, el mandatario ha hecho que más de un centenar de los más altos funcionarios de la nación, con él y la vicepresidente a la cabeza, se comprometan a cumplir específicamente con las leyes de declaración de patrimonio y libre acceso a la información, entre otras.
En un conjunto de diez puntos, también se abarca la prevención de la corrupción mediante las oficinas de cumplimiento de compras públicas y otorgar la debida protección a ciudadanos que denuncien o testifiquen sobre actuaciones de servidores estatales, contrarias a principios de ética e integridad.
No permitir comisiones, porcentajes ni sobornos es parte de lo pactado con el mandatario, en lo que pudiese parecer aspiración quimérica por prácticas ancestrales que se han convertido en rutina, sin embargo, cuando la primera figura del Estado hace tal advertencia, debe surtir efecto en sus subalternos.
Ese decálogo incluye colocar el interés general por encima de otros, luchar contra la corrupción para preservar patrimonio y recursos del Estado, actuando ante hechos lesivos a los bienes públicos y asumiendo responsabilidad individual por sanciones o procesos derivados de acciones contra ética y leyes.
Este compromiso ético de los altos funcionarios gubernamentales con la sociedad, sugerido y firmado por el presidente de la República, debe garantizar que en este cuatrienio se concreticen, sin dudas ni escarceos, los propósitos de moralización de la gestión pública, como gran legado de su paso por el Estado.
