El abogado constitucionalista, José Darío Suárez, considera que tras la reforma constitucional del 2010, los defectos a corregir en una eventual modificación serías minoritarios.
A la vez, expresó, que garantizar una absoluta independencia del Procurador General de la República, sería una aspiración sumamente elevada, ya que en cualquiera de los modelos, el Ministerio Público obedecería a uno de los poderes, salvo que dicha elección se pueda lograr a través del consejo nacional de la magistratura.
