Abogados consultados valoraron como equivocada desde el punto de vista jurídico la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar ley que prohíbe la promoción y exaltación de la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por entender que en la Constitución está estipulado el derecho de libre expresión, siempre y cuando no afecte o vaya en perjuicio de alguien o algo directamente.