Tras el ministro de Educación, Ángel Hernández, declarar que el reciente paro de labores por parte de la ADP conllevó pérdidas millonarias para el Estado, el gremio afirmó que el derecho a la protesta es una facultad constitucional que no puede ser violada por la arbitrariedad de ningún funcionario público.
Hernández ha afirmado que la ADP se preocupa poco por la calidad de la educación, a pesar de reclamar aumentos salariales. Además, ha señalado que el periodo de clases en 2023 es el más normal después de dos años de pandemia, pero el gremio ha optado por realizar paros y huelgas.