La defensa técnica del cabecilla de la red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos, desmantelada por la Operación Discovery, recusó a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana del Tercer Juzgado de la Instrucción, quien este jueves se avocaba al conocimiento de la audiencia preliminar.
La recusación a la juzgadora, planteada por el abogado José Reinoso, defensa técnica del imputado Sucre Rafael Rodríguez Ortíz, es una nueva estrategia temeraria, que procura la dilación del proceso, «debido a que se basa en argumentos infundados», expresó el Ministerio Público a través de un despacho de prensa.
En la formulación de su recurso, el abogado alegó que la magistrada Borgen Santana «ha emitido órdenes de arresto, intervenciones judiciales, entre otras diligencias, en la etapa preparatoria».
La exposición de este recurso de exclusión hacia la juzgadora, está basado en argumentos insustanciales que solo persiguen dilatar el proceso para, posteriormente, realizar solicitudes de extinción.
La acusación de la Operación Discovery está formulada contra 46 personas físicas y otras 5 entidades societarias, a quienes se les atribuyen delitos como la estafa a través de medios electrónicos, extorsión sexual, robo de identidad, y chantaje, con lo cual despojaban a sus víctimas de sus recursos.
El escrito de acusación depositado en tiempo hábil por el Ministerio Público, contiene más de mil páginas en las que se detallan las maniobras fraudulentas de los imputados afiliados a esta estructura criminal que utilizó sofisticados medios para irrumpir en la vida de las víctimas.
Con esta táctica dilatoria, la defensa técnica del cerebro de la organización criminal, pretende rehuirle a la robustecida acusación en la que se despliega un grueso de más de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, así como testimoniales.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, al destacar la fortaleza de la acusación, confía en que la Corte responderá basada en la norma para salvaguardar la celeridad del proceso.
