Aplazan nuevamente audiencia del caso Jet Set contra los hermanos Espaillat

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, estableció como fecha límite el 6 de abril para que las personas afectadas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set formalicen sus querellas dentro del proceso judicial.

La decisión busca ordenar el expediente y permitir que el tribunal pueda avanzar con la audiencia preliminar en el caso que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados en relación con la tragedia.

Según explicó el abogado Plutarco Jáquez, quien representa a varias de las víctimas, la medida pretende evitar que el proceso siga experimentando retrasos por la incorporación de nuevos querellantes en etapas posteriores del procedimiento.

El Ministerio Público presentó una acusación de carácter penal y civil contra los propietarios y administradores del establecimiento. Entre los cargos figura homicidio involuntario, contemplado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, al considerar que el desplome de la estructura no fue un hecho fortuito, sino el resultado de un prolongado período de negligencia.

Según la acusación, durante más de una década se colocaron sobre el techo equipos de climatización de gran peso y tinacos de agua, sin que se realizaran evaluaciones técnicas para determinar la capacidad de resistencia de la estructura.

El expediente también indica que el inmueble presentaba problemas de mantenimiento, como filtraciones severas y desprendimiento de materiales, situaciones que habrían sido atendidas de forma improvisada en lugar de someterse a reparaciones estructurales adecuadas.

Asimismo, el órgano acusador sostiene que existían advertencias sobre el deterioro del techo, incluso reportadas poco antes del evento en el que se presentaría el merenguero Rubby Pérez, pero estas habrían sido desestimadas por la administración.

Los imputados también enfrentan cargos por golpes y heridas involuntarias, tipificados en el artículo 320 del Código Penal, además de señalamientos por negligencia grave e imprudencia, al considerar que no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad del lugar.