El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 14 de abril el inicio de la audiencia preliminar del denominado caso Pandora, que involucra a policías y militares acusados de conformar una presunta red dedicada a la sustracción y venta irregular de municiones oficiales.
Dicha decisión fue adoptada por la jueza Patricia Padilla, tras acoger un pedimento de varios abogados de la defensa que solicitaron reposición de plazo, alegando que no han recibido en su totalidad la acusación ni las pruebas documentales.
El abogado Deiby Castillo, representante de la civil Miguelina Bello Segura, afirmó que su defendida no conoce a ninguno de los diez imputados vinculados al expediente.
De su lado, la defensa de los uniformados indicó que este hecho se trata de un «pez gordo«, donde los verdaderos responsables no se encuentran en el proceso investigativo.
Según puntualizaron, hasta el momento a diez imputados, entre miembros de la Policía Nacional y efectivos militares, se les ha mantenido más de un año en prisión.
Conforme con el Ministerio Público, el grupo habría sustraído al menos 900 mil proyectiles de los almacenes oficiales para su presunta venta irregular, en un esquema que, según la acusación, operaba desde dentro de las estructuras de seguridad del Estado.
Mientras el Ministerio Público sostiene que existió una actuación coordinada para desviar las municiones, la defensa mantiene que corresponde debatir la legalidad y consistencia de las evidencias.