Auditoría revela MESCYT otorgó 2 contratos irregulares por más US$1 millón

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) adjudicó irregularmente dos contratos a una compañía de Costa Rica,  por un monto  superior al millón de dólares en  violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contracciones de Bienes y Servicios en el Estado, según revela una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Los contratos fueron otorgados grado a grado  y sin consultar a compañías nacionales que ofrecen el mismo servicio, según los auditores de la Cámara de Cuentas de la República, que llevaron a cabo la experticia en noviembre del 2011, pero que hasta ahora no había sido dada a conocer.

El  primer contrato fue firmado en enero de 2010  con la empresa extranjera Innova Technology. S.A, con asiento social en San José de Costa Rica, por un monto de 600 mil dólares, equivalente a 21 millones 708 mil pesos, a la tasa oficial de la fecha (US$ 1.00=RD$ 36.18.)

Un año después, en enero de 2011, las autoridades del Ministerio de Educación Superior  concedieron un nuevo contrato a la misma empresa costarricense, en esta ocasión por 480 mil dólares.

La compañía fue contratada para desarrollar proyectos de apoyo a la consolidación de los procesos de modernización e inicio de aplicación Web Learning para la séptima etapa del programa de plataforma de servicios digitales de Educación Superior.

Los auditores especifican en su informe, de fecha 16 de noviembre de 2011, que el ministerio no entregó evidencia documentadas que avalen los estudios pertinentes y de evaluaciones técnicas que demuestren que no existe en el país ofertas con suficiente capacidad para proveer los servicios ofertados por la empresa extrajera contratada.

La parte legal  de la auditoria  recure a la referida  Ley 340-6, sobre principio de igualdad y libre competencia, “en los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad  de participación de todos los posibles ofertantes”.

La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo viuda Cardona, ocupa el cargo desde agosto del 2004, y fue confirmada  en sus funciones por el actual presidente Danilo Medina.

Compra irregular de vehículos de lujo

La administración  del  Ministerio de Educación Superior adquirió sin licitación pública  tres yipetas marca Toyota RAV4, por un monto de RD$ 3 millones 203 mil 906, a la compañía Delta Comercial C por A, en diciembre de 2010.

Los técnicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana pudieron confirmar que el proceso de compra se realizó mediante comparación de precios en el mercado de vehículos, obviando la licitación pública, que según los auditores, es lo que legalmente procede en estos casos.

El documento no detalla si los vehículos fueron comprados para el ministerio o  financiados a funcionarios de la entidad,  mediante la modalidad en la que la institución cubre el 50 por ciento del costo y el restante 50%  la parte beneficiada.

Pagos millonarios en seguros para vehículos de funcionarios

El Ministerio de Educación Superior costeó con recursos propios las pólizas de seguros de una flotilla de vehículos pertenecientes a funcionarios de la institución a los cuales ya había ayudado financiándoles los vehículos.

Los funcionarios se hicieron con la propiedad de los vehículos a través del Plan de Financiamiento Vehículos, en el cual la institución aportó el 50% del precio.

El costo de los seguros cubierto por la institución fue de 1 millón 031 mil 961

Pesos. El procedimiento del ministerio Administrativo de Administrativo de la Presidencia que regula ese tipo de financiamiento establece que el empleado deberá pagar los derechos por concepto de emisión de placas y pólizas de seguro del vehículo.

Empleados proveedores de alquiler de vehículos

Los técnicos de la Cámara de Cuentas pudieron comprobar que el MESCYT efectuó 7 contratos de alquiler de vehículos propiedad de empleados fijos de esa entidad, por un monto de RD$ 585 mil pesos.

La ejecución de los contratos viola el artículo 80 de la Ley 41,08, de función pública que prohíbe a funcionarios o empleados  intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y que impliquen privilegios oficiales en su favor.

Los empleados favorecidos con los contratos son Karisol J. Amorós, encargada departamental; Indalexio Cuello, Sub Encargado de Seguridad; Ángel Carrasco Mieses, y las secretaras Ana Virginia Olivier, Elsie Josephine Ferreira, Isaura Mili Torres y María De los Santos Anciani.

Cada uno recibió entre 90 y 105 mil pesos por concepto de alquiler de sus vehículos a la institución, que por demás eran utilizados por ellos.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana recomendó en su informe rescindir los contratos por estar reñidos con lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.

Fuente: Acento

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