Las autoridades carcelarias trabajan en un proyecto de clasificación de los reclusos con enfermedades terminales, con la finalidad de presentar a los tribunales los casos que requieren mayor atención, por su condición de salud.
En tanto, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) trabaja de manera conjunta con la Dirección Nacional de la Defensa Pública, para que los tribunales conozcan los casos de la población penitenciaria que califica para una variación de medida de coerción o la puesta en libertad, por su condición de salud.
Roberto Hernández Basilio, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, explicó que para tales fines sostuvo una reunión con la coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, Elizabeth Rodríguez.
En dicho encuentro, los funcionarios trataron la situación de privados de libertad que se encuentran en condiciones de salud avanzada, con enfermedades terminales y discapacidades motoras.
Sin embargo, reveló que en el sistema penitenciario guardan prisión personas que requieren ser entregadas a sus familias o mantenerlos en lugares más apropiados que un recinto penitenciario, por lo avanzada que está la enfermedad que padecen.
