El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una estructura delictiva. Esta se basaba en la distribución de sobornos para asegurarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La operación fue llevada a cabo por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional. Esto fue para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).