El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público un período de ocho meses para profundizar las pesquisas del expediente denominado Operación Cobra, que abarca a diez personas imputadas por supuestos hechos de corrupción administrativa, estafa, desfalco, falsificación de documentos, soborno y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La disposición judicial quedó plasmada en la resolución número 0668-2025-SMDC-02421, emitida y firmada el 14 de diciembre de 2025.
Al acoger la solicitud de declarar el proceso como caso complejo, el tribunal activó los plazos especiales previstos en el Código Procesal Penal, lo que faculta al órgano acusador a realizar una investigación más amplia, incluyendo análisis financieros, relaciones societarias y revisión exhaustiva de la documentación que integra el expediente.
En ese contexto, el juez que conoció la medida de coerción contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y los demás implicados, fijó el plazo de ocho meses para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo.
Asimismo, el magistrado determinó que la medida de arresto domiciliario impuesta a Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención tendrá una vigencia máxima de ocho meses.
De igual manera, ordenó la aplicación de una medida de coerción real, consistente en el embargo de bienes pertenecientes a Read Estrella, conforme a lo establecido en la resolución.
En relación con el arresto domiciliario, el tribunal precisó que dicha medida solo podrá ser reemplazada por otra de mayor severidad si una jurisdicción competente comprueba la existencia de variaciones sustanciales en las condiciones que motivaron su imposición inicial.
La resolución también establece que a estos tres imputados se les deben autorizar, sin dilaciones injustificadas, los permisos necesarios para acudir a consultas médicas o atender situaciones familiares urgentes que no admitan espera. En ese sentido, el juez instruyó al Ministerio Público a tramitar estas solicitudes de manera expedita, evitando cargas administrativas innecesarias.
En cuanto a las garantías económicas, el tribunal otorgó a Cinty Acosta Sención y a Heidi Mariela Pineda Perdomo un plazo de siete días para depositar una fianza de un millón de pesos (RD$1,000,000.00) cada una, mediante una póliza emitida por una compañía aseguradora. Una vez cumplido este requisito, ambas serán trasladadas a sus respectivas residencias.
La decisión advierte que, de no efectuarse el pago dentro del plazo establecido, las imputadas deberán ser recluidas de manera provisional en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, hasta tanto se formalice el cumplimiento de la garantía económica.
En contraste, el juez impuso 18 meses de prisión preventiva a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplirán la medida en el centro penitenciario de Najayo.
Finalmente, el tribunal informó que las partes cuentan con un plazo de 20 días, contados a partir de la notificación, para interponer los recursos de apelación que consideren pertinentes contra esta decisión judicial.
La resolución precisa que su entrega por la Secretaría del Tribunal surte los efectos de notificación formal, y que desde el día hábil siguiente comienza a computarse el plazo para la presentación de cualquier recurso legal en su contra.
