Como parte de los encuentros de una comisión de diputados y funcionarios relacionados con el tránsito en el país, las autoridades anunciaron que buscan articular varias estrategias para reducir la cantidad de motocicletas que entran a la República Dominicana y así disminuir los accidentes en todo el territorio.
Funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) plantearon esto tras reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que desde hace meses encabeza jornadas de trabajo para fiscalizar la Ley 63-17 sobre Tránsito Terrestre.
En tanto, el diputado Juan Dionicio Restituyo, presidente de la comisión, informó que el parque vehicular del país incluye alrededor de 3.8 millones de motocicletas, una cantidad que consideró «exagerada» y señaló que no se reduce debido a la falta de organización en la entrada y registro de motocicletas en el territorio.
«Debatimos sobre posibles mecanismos que podríamos utilizar en el país para reducir la cantidad de motocicletas», expresó el legislador que preside la comisión fiscalizadora.
El congresista indicó que actualmente existe una mafia en la entrada de motocicletas al país que comienza desde el ensamblaje de las motocicletas hasta la colocación de las placas y matrículas, un «proceso deficiente» en el que el Estado debe enfocarse.
Otro aspecto abordado en la reunión de la Cámara de Diputados es la aplicación de seguros de vida a los motoristas, ya que, según se explicó, los accidentes provocados por motocicletas constituyen el 70% de los atropellos en las vías públicas.
Asimismo, las autoridades del Intrant y de la Digesett señalaron que las motocicletas, como medio de transporte de pasajeros, movilizan alrededor de siete millones de personas solo en el Gran Santo Domingo, lo que evidencia que aproximadamente un 30% de las motocicletas que circulan en el país se usan como medio de transporte.
«Entonces, todas las demás se utilizan para usos particulares o de negocios, lo que demuestra que aún hay muchas motocicletas en el país», afirmó el diputado.
Seguros para el Estado y discapacitados
En las reuniones para fiscalizar la ley 63-17 también se debatió sobre la posibilidad de crear un seguro para el Estado, ya que, de acuerdo con el legislador, el Gobierno invierte más de 200,000 millones de pesos en gastos de salud tras los accidentes de tránsito, que también provocan daños a estructuras públicas como puentes o asfaltado, sin recibir atención inmediata.
Sin embargo, se propuso que en una posible modificación a la ley de Tránsito y Transporte Terrestre se incluya una mayor atención para las víctimas de accidentes de tránsito que quedan discapacitadas sin recibir la debida atención del Estado.
Más reuniones
Las reuniones para continuar la revisión y fiscalización de la ley 63-17 continuarán después del proceso electoral actual para evitar que la campaña o los comicios contaminen el estudio de la ley y permitir la asistencia de todos los funcionarios a los análisis sin interrupciones.
