En una acción contundente contra los delitos que afectan la estabilidad del sistema energético nacional, las autoridades del Distrito Judicial de Santiago impusieron medidas de coerción contra dos hombres acusados de integrar una red dedicada al robo, destrucción y comercialización ilegal de medidores eléctricos en distintos sectores de la ciudad.
Los imputados, identificados como Jonathan Domingo Parra Toribio y Manuel Antonio Díaz Taveras (a) Manuel, son acusados de los delitos de asociación de malhechores, robo agravado y atentado al sistema eléctrico nacional, delitos tipificados en el Código Penal Dominicano y en la Ley General de Electricidad 125-01, que contemplan penas de hasta diez años de prisión y multas significativas.
De acuerdo con el expediente, ambos operaban en sectores como Ensanche Bermúdez, Los Ciruelitos, Las Colinas, Tierra Alta y Las Tres Cruces de Jacagua, donde sustraían medidores eléctricos y sus componentes, provocando pérdidas económicas, afectaciones al servicio y riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
En ese sentido, el juez Rafael de Asís Burgos de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó tres meses de prisión preventiva contra Jonathan Domingo Parra Toribio, mientras que a Manuel Antonio Díaz Taveras le fueron impuestas medidas consistentes en una garantía económica en efectivo de RD$100,000, a ser depositada en el Banco Agrícola de la República Dominicana, impedimento de salida del país y presentación periódica mensual por seis meses.
El proceso contó con la participación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y con la representación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, que pone de manifiesto el principio de unidad que rige las actuaciones del Ministerio Público y evidencia la prioridad institucional en la persecución de este tipo de delitos.
Edenorte resalta acción judicial
Edenorte ha destacado recientemente una importante acción judicial que busca proteger los intereses de la empresa y sus clientes. La compañía ha tomado medidas legales contra aquellos que han estado involucrados en actividades fraudulentas que afectan el suministro de energía eléctrica. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo para garantizar un servicio de calidad y proteger los recursos de la empresa.
El director de
Edenorte,
Juan Pérez, afirmó que la empresa no tolerará ningún tipo de fraude y que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Además, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el suministro eléctrico.
En el comunicado,
Edenorte también agradeció a las autoridades judiciales por su colaboración y apoyo en este proceso. La empresa está comprometida a trabajar de la mano con las instituciones para fortalecer la seguridad y la transparencia en el sector energético. Esta acción judicial es un paso más hacia la consolidación de un sistema eléctrico más eficiente y confiable para todos los usuarios.
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), representada legalmente por las licenciadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta, valoraron la decisión del tribunal como un paso firme en la lucha contra el fraude eléctrico, una práctica que impacta negativamente la calidad del servicio, incrementa las pérdidas técnicas y económicas, y pone en riesgo la infraestructura energética del país.
La entidad reiteró su compromiso de continuar colaborando con las autoridades para identificar, perseguir y someter a la justicia a quienes incurran en acciones ilícitas que atenten contra el sistema eléctrico nacional.
Cabe destacar que, gracias a la estrecha labor de inteligencia y seguimiento coordinada entre la Dirección de Seguridad Física de EDENORTE y agentes de la Policía Nacional, lograron hacer efectivas las detenciones de los imputados, así como la búsqueda de evidencias para el proceso. Esta alianza estratégica permite una respuesta rápida y eficiente ante los ilícitos, garantizando que los responsables de afectar el patrimonio público sean puestos a disposición de la justicia.
Golpe al fraude eléctrico
Este caso forma parte de una ofensiva más amplia para desmantelar redes dedicadas al robo de equipos eléctricos, una problemática que genera millonarias pérdidas al Estado y afecta directamente a miles de usuarios.
Las autoridades advirtieron que continuarán intensificando los operativos y procesos judiciales contra este tipo de delitos, al tiempo que exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con manipulación ilegal del servicio eléctrico.
