Al menos tres agencias federales de Estados Unidos participaron en la desarticulación de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, investigada por el Ministerio Público dominicano bajo el nombre de Operación FM, la cual concluyó la semana pasada con condenas de hasta 20 años para sus siete imputados.
Una publicación de la embajada estadounidense indica que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) del Departamento de Seguridad Nacional y la División de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) participaron en el desmantelamiento de la trama que operaba desde la República Dominicana con vínculos internacionales, principalmente en los Estados Unidos.
En el mensaje, publicado este viernes, poco más de una semana después de que se dictaran condenas a los implicados, la embajada estadounidense expresó su satisfacción por la colaboración con el Gobierno dominicano en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La embajada indicó que las agencias estadounidenses colaboraron con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), logrando sentencias de hasta 20 años por lavado de activos.
El miércoles 16 de abril, el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste condenó a los siete implicados en la red de lavado de activos a penas de entre ocho y 20 años, así como a una compensación económica de hasta 300 salarios mínimos.
Juan Gabriel Pérez Tejada, considerado el cabecilla de la red, fue condenado a 20 años de prisión. El exdirector de Migración en Santiago y exfuncionario del PLD, Juan Isidro Pérez de la Rosa (padre de Pérez Tejada), recibió una condena de 15 años de prisión, mientras que Rolando Miguel Reyes Javier fue condenado a 12 años. Los dos últimos son considerados por la fiscalía también como «principales integrantes» de la trama.
Gladys Sofía Azcona de la Cruz, exdiputada del PLD y viceministra de Trabajo, también fue condenada a ocho años de prisión, al igual que su hijo Ramluis Mejía Azcona, quien fue sentenciado por su papel en ocultar y transportar grandes sumas de dinero desde Estados Unidos hacia el país.
De igual manera, Anabel Altagracia Sánchez Santana (esposa del cabecilla) y Dyna Madison Noguera Polanco fueron condenadas a 10 años de prisión.
Dichas condenas representan la etapa final de un caso que comenzó formalmente en marzo de 2022, cuando la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos llevaron a cabo allanamientos simultáneos en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, tras el hallazgo en agosto de 2020 de 4.3 millones de dólares ocultos en bocinas dentro de un contenedor.
Durante el operativo de 2022, el Ministerio Público ocupó más de un millón de dólares en efectivo, 760 mil pesos, 13 vehículos de lujo incluyendo un Ferrari y dos Porsche, y múltiples evidencias relacionadas con el lavado de dinero.
