El supuesto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, conocido como «el Abusador», presentó una demanda civil de 7 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico.
Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y extraditado a EE.UU. en diciembre de 2021 tras una investigación iniciada por el FBI en 2018. Desde entonces, ha estado bajo custodia del Negociado de Prisiones (BoP). En 2022 y nuevamente en diciembre de 2022, denunció ante el tribunal la falta de atención médica en la prisión.
Ante la falta de respuesta, llevó el caso a una demanda federal, alegando violaciones constitucionales cometidas por el exalcaide del MDC y varios oficiales. La acción legal, aunque estaba sellada, fue parcialmente revelada en una orden judicial emitida en marzo de 2025 por la jueza Camille Vélez Rivé.
Según el documento, Peralta alegó que se le negó un tratamiento médico adecuado y solicitó medidas cautelares para recibir atención inmediata. Argumentó que no había seguido el proceso interno de quejas porque desconocía el procedimiento y porque sus reclamos fueron ignorados.
Sin embargo, la jueza desestimó la solicitud urgente, afirmando que la demanda no incluía pruebas concretas, sino solo argumentos vagos. Además, destacó que no se identificaron a los funcionarios responsables ni se detallaron las quejas médicas alegadas.
Vélez Rivé subrayó que Peralta no presentó evidencia que justificara no haber agotado los canales internos antes de demandar. “El tribunal entiende su frustración, pero eso no prueba que se le haya negado atención médica adecuada”, sentenció.
Agregó que, como convicto bajo custodia federal, Peralta no puede elegir a su médico ni su tratamiento, y debe cumplir con los procedimientos establecidos. Por lo tanto, el tribunal no podía concluir que hubiera negligencia médica.
Tras la negativa, su defensa apeló ante el Primer Circuito de Boston. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder.
Paralelamente, Peralta figura como acusado en una imputación federal de 2019 en Florida, la cual fue posteriormente trasladada a Puerto Rico. Según las autoridades, él dirigía una red de narcotráfico transnacional activa desde 1997.
«Fue clasificado como CPOT en 2017, un objetivo prioritario de alto nivel comparable a ‘El Chapo'», dijo Héctor Ramírez Carbó, de la Fiscalía Federal de San Juan. Añadió que su red tenía un gran impacto en el tráfico de drogas hacia EE.UU.
En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable de conspiración para importar cocaína y otros cargos similares. La audiencia de sentencia ha sido aplazada en varias ocasiones por motivos que aún son confidenciales.
Desde su detención, Peralta ha insistido en recibir atención médica debido a diversas condiciones de salud.
