Después de un trágico accidente en Bastidas, Azua, donde un camión causó la muerte de seis personas y dejó a más de 30 heridas durante una fiesta patronal, se realizaron operativos de inspección y cierre de colmadones y negocios de bebidas alcohólicas en Azua y Peravia.
A dos días del incidente, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que las autoridades implementarían medidas para prevenir futuros accidentes similares.
La Policía Preventiva de Azua llevó a cabo un amplio operativo en varios barrios y sectores de la región, cerrando negocios que no cumplían con las regulaciones. En Baní, las acciones, dirigidas por la coronela Juana Yudelka Almonte, se extendieron desde la noche del 3 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas locales.
El 5 de septiembre, el Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas impuso una garantía económica de un millón de pesos a Ángel Encarnación Bautista, el conductor del camión.
Además, se le ordenó presentarse periódicamente cada mes y se le prohibió salir del país. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva.
