Por Pavel De Camps Vargas
Han pasado 26 años. Más de un cuarto de siglo en el que República Dominicana ha reformado su Constitución cuatro veces, ha aprobado más de 150 leyes trascendentales, ha modernizado su sistema financiero, digital, migratorio, judicial y de seguridad…
Y sin embargo, sigue sin poder —o sin querer— aprobar un nuevo Código Penal.
El dato no solo es escandaloso. Es una bofetada directa a la inteligencia ciudadana.
Una afrenta al Estado de derecho. Una evidencia brutal de la disfuncionalidad política que se disfraza de democracia funcional.
Como lo ha dicho con claridad el doctor Ricardo Nieves:
“¿Cómo es posible que se aprueben leyes en días… pero el Código Penal siga en el limbo desde hace más de dos décadas?”
Esa pregunta no es retórica. Es un grito ético.
Un juicio contra una clase política que ha demostrado ser ágil para legislar a su favor, pero estéril cuando se trata de modernizar las normas que rigen el delito, la justicia y la protección de las víctimas.
¿Qué se esconde tras este retraso?
¿Es solo incapacidad legislativa o una estrategia deliberada para mantener la impunidad funcional?
¿Quién gana realmente con un Código Penal obsoleto?
¿Y por qué nadie, en 26 años, ha asumido el costo político de hacer lo correcto?
El Código Penal vigente data de 1884. Aunque ha recibido reformas parciales, su arquitectura legal no responde al siglo XXI. No tipifica claramente feminicidios, delitos de odio, crímenes digitales, corrupción pública moderna ni delitos ambientales.
Desde 1997, se han introducido más de 10 versiones de reforma integral. Todas han muerto en el Congreso.
Desde el año 1999, en República Dominicana se han aprobado leyes fundamentales:
La maquinaria legislativa funciona… pero selectivamente. Cuando se trata de modernizar el sistema electoral, de aprobar presupuesto o de crear un nuevo distrito judicial, los consensos aparecen como por arte de magia. Pero al momento de actualizar el Código Penal —una pieza clave para combatir la impunidad, tipificar nuevos delitos y garantizar derechos—, el Congreso parece detenerse en el tiempo.
Aquí puedes ver una tabla que incluye las leyes y reformas en República Dominicana (1999–2025). Están ordenadas por impacto e importancia:
| Nivel | Ley / Reforma | Año | Impacto |
| 1 | Reformas Constitucionales (2002, 2004, 2010, 2015, 2020, 2024) | 2002–2024 | Fortalecimiento institucional: creación Consejo Poder Judicial, Tribunal Constitucional, cuotas de género, autonomía del MP, cláusula pétrea, reducción diputados (senado.gov.do) |
| 2 | Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (137‑11) + Ley Ministerio Público (133‑11) | 2011 | Establece procedimientos y estructura del Tribunal Constitucional y Ministerio Público |
| 3 | Ley 169‑14 (naturalización) | 2014 | Solución parcial tras Sentencia 168–13 para regularizar nacionalidad |
| 4 | Ley General de Migración (285‑04) | 2004 | Marco legal sobre flujos migratorios y refugio |
| 5 | Códigos Penal, Civil, Trabajo, Niñez, Procesal Penal | 2001–2007 | Modernización jurídica: fortalecen justicia penal, laboral, derechos de infancia |
| 6 | Ley de Transparencia e Información Pública (2004, 200‑04) | 2004 | Garantiza acceso ciudadano a información estatal |
| 7 | Ley Defensa Pública (277‑04) | 2004 | Establece servicio público de defensa para imputados |
| 8 | Ley Telecomunicaciones (153‑98) / INDOTEL | 1998–1999 | Regula telecomunicaciones, competencia, usuario |
| 9 | Ley de Electricidad (125‑01) y reformas (186‑07), incentivos renovables (57‑07) | 2001, 2007 | Privatización y regulación del sector, penalización del fraude, promoción renovables |
| 10 | Ley Drogas (50‑88 con reformas 2000–04) | 2000–2004 | Regula sustancias, crea DNCD, combate lavado de activos |
| 11 | Ley Niñez y Adolescencia (136‑03) | 2003 | Protección integral a niños, niñas y adolescentes |
| 12 | DR‑CAFTA / Ley 424‑06 | 2004–2006 | Apertura comercial y regulaciones laborales, ambientales, inversión |
| 13 | Sistema Seguridad Social (87‑01 con reformas 2007–08) | 2001–2008 | Reforma a pensiones, salud y régimen laboral |
| 14 | Ley Cámara de Cuentas y Control Interno (10‑04, 10‑07) | 2004, 2007 | Refuerza auditoría y control del gasto público |
| 15 | Ley Movilidad y Tránsito (63‑17) | 2017 | Moderniza normas de transporte y seguridad vial |
| 16 | Ley Igualdad de Derechos y Oportunidades / Cuotas género | 2020 | Promueve equidad y representación de género |
| 17 | Ley Protección Datos Personales | 2021 | Regula derechos ARCO y manejo de datos privados |
| 18 | Ley de Ciberseguridad | 2024 | Crea Centro Nacional y Consejo para infraestructura crítica |
| 19 | Reglamentos Ciberseguridad sector eléctrico | 2025 | Estándares de seguridad informática para redes eléctricas |
| 20 | Decreto Agenda Digital 2030 (527‑21) | 2021 | Impulsa transformación digital, IA, energía, agua y medio ambiente |
| 21 | Reconocimiento constitucional medio ambiente como derecho | Enmienda constitucional | Establece deber estatal de protección ambiental |
| 22 | Ley Cambio Climático / Ambiente (64‑00) | 2000 | Ley general que regula protección ambiental |
| 23 | Leyes fiscales: facturación electrónica (32‑23), condonaciones (51‑23) | 2023 | Modernizan sistema tributario y cobranza electrónica |
| 24 | Ley Distritos Judiciales (22‑24) y reforma CNM (1‑25) | 2024, 2025 | Reestructura justicia territorial y selección independencia jueces |
| 25 | Ley Derechos TEA (34‑23), extinción dominio (60‑23), ecoturismo, presupuesto | 2023 | Protección inclusiva, lucha contra crimen y desarrollo territorial |
En paralelo al estancamiento del Código Penal, el Congreso Nacional ha aprobado leyes profundas en casi todos los sectores:
Pero el Código Penal… sigue esperando.
Lo que está ocurriendo no es una simple “dificultad técnica”. Es una parálisis inducida. Se legisla para modernizar sectores económicos, fiscales y tecnológicos, pero se evita reformar la ley madre del sistema penal porque toca intereses incómodos.
Y ese retraso no es gratuito. Tiene consecuencias directas:
Más allá de la retórica, la realidad es esta: la clase política dominicana no ha tenido la voluntad de reformar el Código Penal, no por falta de capacidad, sino por cálculo político.
Y esa omisión tiene nombre: cobardía legislativa.
26 años sin Código Penal nos hablan de un Congreso que solo actúa cuando hay ganancia política.
Nos habla de una democracia selectiva, donde los intereses de poder valen más que los derechos de las víctimas.
Nos habla de un sistema que prefiere castigar al ciudadano común antes que reformarse a sí mismo.
La pregunta no es por qué no lo han aprobado.
La pregunta es: ¿Cuánto más vamos a permitirlo?
En un país donde se legisla con rapidez para nombrar calles, cambiar distritos o conceder exenciones fiscales, ¿cómo se justifica que durante más de un cuarto de siglo no se haya aprobado un Código Penal moderno?
La respuesta duele: porque no les interesa realmente combatir el crimen, proteger derechos ni modernizar la justicia.
Porque no hay presión suficiente desde la ciudadanía.
Porque, tal vez, vivir con un sistema arcaico beneficia a quienes no quieren reglas claras.
¿Seguirá la República Dominicana legislando para lo superficial mientras evita lo esencial? ¿Serán los próximos 26 años más de lo mismo? ¿Cuántos delitos quedarán impunes por no actualizar una ley base?
Una sociedad madura exige leyes justas.
Un Congreso responsable las aprueba.
Una clase política digna no le teme al cambio, lo lidera.
Durante todo este tiempo han gobernado legisladores de todos los partidos, presidentes de todos los colores, alianzas de todo tipo. Y sin importar quién ostente el poder, el Código Penal sigue varado. Eso significa algo: todos los actores políticos que han pasado por el Congreso desde 1997 son, sin excepción, responsables de esta omisión.
No hay justificación posible. No hay excusa institucional válida. Lo que hay es una marca indeleble que quedará escrita en los libros de historia: esta es la generación política que fue capaz de legislar para sí misma, pero no para garantizar un sistema penal justo, moderno y eficiente para su pueblo.
Y ante esa verdad, quedan interrogantes que interpelan a toda la nación:
El silencio del Congreso frente al Código Penal no es neutral: es una forma activa de violencia institucional.
Una violencia que se manifiesta en cada agresor que queda libre, en cada corrupto que no es procesado, en cada mujer que no encuentra amparo en la ley, en cada adolescente que sufre y no es defendido por el sistema.
Los rostros de esa omisión tienen nombre, partido, curul y años de mandato. Y la historia no perdona el desinterés disfrazado de “debate pendiente”.
Porque quien no legisla cuando debe, renuncia a su deber más sagrado: servir al pueblo que lo eligió.
Es hora de decirlo sin eufemismos: ustedes, legisladores y senadores que han estado en el Congreso durante estos 26 años, ya son parte del problema.
Y si no lo corrigen ahora, quedarán registrados no como actores del cambio, sino como cómplices del estancamiento.
El país no puede esperar otros 26 años.
Y la historia, créanlo, no olvida.
