La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación interpuesta por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados, por lo que se mantiene la prisión preventiva en su contra por su presunta vinculación a un caso de corrupción administrativa.
Con la decisión, los acusados continuarán cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por su supuesta participación en un alegado fraude contra la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal, cuyo monto fue estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos.
“Por vía de consecuencia, confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados”, establece la sentencia leída a las 12:23 de la madrugada, al concluir la audiencia.
El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes consideraron que no han variado los presupuestos que motivaron la decisión inicial adoptada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Al analizar el peligro de fuga, la Corte sostuvo que el juez no debe limitarse a valorar el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos imputados, la pena aplicable y el daño ocasionado al Estado, en apego al principio de igualdad ante la ley.
A la salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como “contrario a los intereses de la administración de justicia”, al mantenerse medidas distintas a la prisión preventiva para los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes continúan bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El jurista informó que interpuso un recurso para que estos imputados también sean enviados a prisión preventiva, al considerar que la decisión actual favorece la impunidad de tres empresarios que —según afirmó— habrían recibido de manera conjunta cerca de 16,000 millones de pesos en el presunto entramado de corrupción.
“Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político”, expresó Hernández, quien además anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al calificarla de “inconstitucional y abusiva” por, a su juicio, limitar el derecho de la víctima a apelar y a solicitar prisión preventiva contra los principales beneficiarios del proceso.
