Por: Pavel De Camps Vargas
El intento de cierre de Telegram en España ha causado una ola de preocupaciones entre los 8.5 millones de usuarios españoles de la aplicación. Este viernes, el juez Santiago Pedraz ordenó la suspensión temporal de Telegram en respuesta a una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar, alegando que la plataforma facilita la distribución de contenido protegido por derechos de autor. La empresa, cuyo fundador es de origen ruso, se ha visto presionada para revelar datos de usuarios que presuntamente comparten material protegido.
La decisión judicial provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde los usuarios defendieron su derecho a la libertad de expresión y cuestionaron la viabilidad de tal censura. A pesar de que la sede de Telegram está en Dubai y tiene oficinas en Islas Vírgenes y Londres, hay quienes erróneamente asocian la plataforma con Rusia debido a la nacionalidad de su fundador.
El juez Pedraz, al final, revocó la medida, enfatizando la necesidad de una evaluación más profunda del impacto en los usuarios. Este episodio resalta la complejidad y las tensiones actuales en torno a los derechos digitales y la ciberseguridad.
Telegram es una aplicación de mensajería y es usada por el 18% de la población española de manera habitual. En la actualidad 8 de cada 10 internautas usan la mensajería instantánea diariamente en su smartphone por Whatsapp, Telegram y entre otras. El hecho de querer censurar el uso de Telegram crea un disgusto en la sociedad ya que se buscaba más bien censurar y controlar los que ciudadanos comparten por esa mensajería independiente. Es una medida totalmente desproporcionada.
