El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aprobó la solicitud del Ministerio Público y otorgó dos meses adicionales para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra los imputados en el caso de la Operación Gavilán.
El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez, extendió el plazo de las indagaciones y modificó la medida de coerción contra los imputados en prisión preventiva por este caso, que involucra a exempleados de la Procuraduría acusados de pertenecer a una red de eliminación de registros penales a cambio de sobornos.
El juez estableció una garantía económica de un millón de pesos mediante una aseguradora, prohibición de salida del país y prisión domiciliaria para los imputados Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana.
Otros implicados, como Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, que les impuso restricciones de salida del país y garantías económicas.
Una de las acusadas, Pilar Yrenes Medina Trinidad, cumple prisión domiciliaria. Según el expediente, los acusados utilizaron su acceso a la base de datos de registros penales para eliminar registros de personas procesadas y condenadas por delitos graves a cambio de sobornos.
El Ministerio Público sostiene que la red creó un esquema criminal sostenible a nivel nacional, involucrando a familiares y asociados para manejar el dinero de los sobornos y evitar la persecución.