La representación legal del cantante Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que archive las actuaciones preliminares, actualmente bajo secreto, abiertas a raíz de una denuncia por un supuesto caso de acoso y agresión sexual ocurrido en 2021 en República Dominicana y Bahamas, alegando que el proceso ha generado un serio perjuicio a la imagen pública del artista.
Según un documento de 15 páginas al que tuvo acceso la agencia EFE, el abogado del intérprete, José Antonio Choclán, sostiene que los órganos judiciales españoles no tienen competencia para investigar los hechos denunciados, y por tanto tampoco la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La defensa fundamenta su petición en que las presuntas víctimas no poseen nacionalidad española ni eran menores de edad al momento de los hechos, además de que Julio Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana, país donde —según la denuncia— habrían ocurrido los supuestos incidentes, junto con Bahamas. Estos elementos, argumenta el escrito, excluyen la jurisdicción de la justicia española sobre el caso.
«Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», critica el letrado, que apunta a que la propia organización que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, «ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación».
Para Choclán, «no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente».
Abogado reclama personarse en la investigación
El abogado también reclama que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, «que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía».
De este modo, añade, se podría acreditar «la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso».
Choclán lamenta que su cliente sea conocedor de los hechos que se le atribuyen a través de la información que las denunciantes realicen en los medios de comunicación «mediante la filtración de la denuncia y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado, de la que se han hecho eco múltiples medios de comunicación con el consiguiente perjuicio reputacional», en referencia a la publicación en el Diario.es de la investigación con la que se dieron a conocer los hechos denunciados.
«En esta situación, no podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de una Asociación cuyo asesoramiento legal, según se dice, ha sido aceptado por las denunciantes», argumenta el letrado.
A su juicio, «parece evidente que aquél contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación».
