El Defensor del Pueblo es una figura relativamente nueva en el sistema jurídico nacional, creada en la reforma constitucional de 2010, tiene autonomía administrativa y financiera, además de atribuciones con independencia total que lo deberían haber convertido en un super Procurador General de la República.
Este importante funcionario, cuyo origen histórico se remonta al denominado “ombudsman” del derecho europeo, debió ser el equivalente al Tribunal Constitucional en el ámbito de defender los ciudadanos frente a abusos de los poderes públicos, pero no ha tenido igual desarrollo que la alta corte.
Hace pocos días que un juez de instrucción especial de la jurisdicción privilegiada de la Corte Suprema de Justicia dictó un auto de apertura a juicio contra Pablo Ulloa al encontrar mérito en la acusación hecha por la Procuraduría General de la República por presunta violación legal y constitucional.
El juez Justiniano Polanco envió a juicio de fondo a Ulloa al considerar que la conducta que se le imputa, de mal uso de los símbolos patrios al ser entrevistado en un programa de televisión y tener una prenda de vestir con la bandera sin el escudo, como corresponde, es un hecho grave y sancionable.
Esto parece un exceso de celo del juez y del propio Ministerio Público en un caso en que contrario a la ofensa que le atribuyen al funcionario, su presencia en el espacio de televisión fue para promover las funciones que le atañen junto a parte del personal de la oficina del Defensor del Pueblo.
Resulta todavía más curioso, sospechoso y extraño que el caso sea llevado a juicio de fondo cuando se determinó que la fundación que acusó al funcionario no tiene capacidad jurídica para actuar en este proceso. ¡Tantos asuntos más trascendentes pendientes de resolver y el Poder Judicial perdiendo el tiempo!
