Por: Ramón Antonio Veras.
1.- En la República Dominicana, las clases dominantes, las que controlan el poder en toda su dimensión, tienen la creencia de que la generalidad de la población de este país está compuesta por idiotas, escasos de razón o inteligencia.
2.- Llevar a una comunidad de mujeres y hombres para que voten por iguales candidatos y partidos, no es más que identificarlos como puros incautos, gente fácil de engañar.
3.- Motivar a posibles electoras y electores para que asistan a ejercer su derecho a elegir, recurriendo a maniobras engañosas, no es más que subestimar su inteligencia, tomarles el pelo.
4.- Se supone que un candidato presidencial impulsa a una ciudadana o a un ciudadano, para que lo escoja, teniendo en cuenta la propuesta que le ha hecho para ser favorecido con el voto.
5.- Una proposición, la idea bajo la cual se busca cautivar al sufragante, es una invitación para que un plan determinado sea aceptado como bueno, muy conveniente.
6.- Las elecciones generales organizadas en nuestro país, tienen como actores principales a la ciudadana y al ciudadano que mediante el voto expresan su voluntad política, sufragando por el o la candidata de su preferencia, bajo el supuesto de que candidatos y partidos son diferentes, desiguales en programas e ideología.
7.- Aquí, los dueños del poder real han organizado los procesos electorales de tal forma que candidatos y partidos son iguales. Para el elector no hay posibilidad de determinar las cualidades distintivas de la organización política o el aspirante presidencial.
8.- Los partidos políticos, se supone, en sus programas, exponen los principios, temas y objetivos fundamentales, en particular lo que desde el gobierno ejecutarán. Esto viene siendo el plan de trabajo a llevar a cabo desde el poder del Estado.
9.- En nuestro país, los votantes que favorecen a los que aspiran a la presidencia, lo hacen por el hecho de que han sido previamente embobados mediante el continuo caravaneo y cuantos medios sirven para manipular.
10.- Lo correcto es, honrando al pueblo en su decisión política, que ciudadanas y ciudadanos sean atraídos a votar mediante proyectos, agendas a cumplir, promesas y hasta juramento como compromiso a ejecutar ante posible éxito en las urnas.
11.- En otro orden, en pleno siglo XXI, es un absurdo que por ser militar o policía, se le niegue la calidad de ciudadana o ciudadano a un dominicano o a una dominicana. Los guardias y los policías, no deben perder su condición por el hecho de ponerse un uniforme.
12.- Precisamente, por el respeto que nos merece el pueblo dominicano, en octubre de 1989, conjuntamente con la licenciada Mirian Germán Brito, la profesora Mercedes Alfonseca Caamaño, y el dirigente sindical Eleazer Batista, con el nombre de Manifiesto por la Redención del Pueblo, presentamos al país una propuesta para establecer aquí un nuevo sistema político y una nueva democracia participativa, para sacar a nuestra nación de la crisis, al pueblo de la pobreza y reconquistar la soberanía.
13.- En el citado proyecto que ciudadanas y ciudadanos elaboramos y presentamos, precisamos “que la crisis que afecta a la sociedad dominicana exige como paso fundamental el establecimiento de un nuevo poder, una democracia real y un nuevo tipo de gobierno”.
14.- Con relación a los militares y policías, en el Manifiesto por la Redención del Pueblo, dejamos establecido que: “es preciso garantizar a los militares y policías todos los derechos políticos, incluso el derecho al voto, a fin de suprimir toda desigualdad respecto a los civiles en ese campo de la actividad humana y el ejercicio de la democracia”.
15.- Sería una novedad, soplaría aire fresco en un proceso electoral dominicano, cuando un candidato haga la promesa de activar la modificación de la Constitución, para que las dominicanas y los dominicanos uniformados, policías y militares, puedan ejercer sus derechos como ciudadanos, al igual que los civiles.
16.- Es de esperar que más temprano que tarde, lo mejor y más auténtico de lo que se llama pueblo dominicano, tenga la posibilidad de darle vida y hacer realidad su condición de ciudadana y ciudadano, ejerciendo, real y efectivamente, su derecho a elegir y ser elegido, no solamente la prerrogativa a votar.
Santiago de los Caballeros,
13 de febrero de 2024.
