Este miércoles, la justicia tailandesa destituyó al primer ministro, Srettha Thavisin, tras ser imputado en un caso de ética, sumiendo al país en un nuevo ciclo de inestabilidad.
“Respeto la decisión. Repito que, durante casi un año en este cargo, he hecho todo lo posible para dirigir el país con honestidad”, aseveró Srettha Thavisin a la prensa desde la sede del gobierno en Bangkok. En Tailandia, muchos pensaban que el primer ministro se libraría de la destitución. Él mismo se había mostrado bastante confiado y no compareció en persona ante el Tribunal Constitucional el miércoles 14 de agosto. Pero, como de costumbre, la política tailandesa sigue siendo imprevisible, informa Valentin Cebron, corresponsal de RFI en Bangkok.
Los nueve jueces del Tribunal Constitucional, por cinco votos contra cuatro, dictaminaron que el primer ministro había infringido la ley al nombrar para su gabinete a un abogado que había cumplido condena en prisión por corrupción. El dirigente no dio “muestras de honestidad” al nombrar al abogado Pichit Chuenban, condenado a prisión en 2008 por un caso de corrupción, declaró el juez Punya Udchachon al leer el fallo, añadiendo que todos los miembros de su gobierno perderían sus cargos al mismo tiempo.
Menos de un año después de asumir el cargo, el 30º primer ministro de la historia de Tailandia se ha visto obligado a dimitir prematuramente, sumiendo aún más al reino en un periodo de inestabilidad política. Su gobierno ha sido disuelto y, a la espera de que el Parlamento nombre a su sucesor en los próximos días, uno de los viceprimeros ministros le sustituirá de forma interina. Sólo los candidatos al cargo de primer ministro en las últimas elecciones legislativas pueden optar al puesto de jefe de Gobierno. Esto incluye a dos antiguos generales que estuvieron detrás del último golpe militar de 2014.
La segunda economía de Asia Sudoriental está acostumbrada a las crisis cíclicas y tiene un largo historial de inestabilidad e intervención en el sistema político por parte del ejército o el poder judicial. También se caracteriza por profundas divisiones entre el bloque militar-monárquico y el movimiento progresista.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional disolvió el principal partido de la oposición e inhabilitó a su líder, Pita Limjaroenrat, durante diez años, una decisión impugnada por Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. La Constitución, que entró en vigor en 2017, establece que un ministro debe tener una “integridad evidente” y una actitud que no vaya en contra de las “normas éticas”.
Para los analistas, estas dos sentencias judiciales en rápida sucesión son un recordatorio de que no son ni las urnas ni el Parlamento quienes deciden la política en Tailandia, sino el poder judicial, cercano al establishment militar-conservador.
