Fue destituido Carmelo Polanco Palmer, como director del Departamento Provincial Duarte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tras difundirse, por diversos medios, la existencia de una mafia en esa dependencia, que supuestamente se dedica a la búsqueda de dinero utilizando procedimientos como chantaje, la cárcel, la incautación de equipos y herramientas diversas, el sometimiento judicial, entre otros.
La información de la destitución del funcionario se conoció, en círculos muy exclusivos, el 25 de marzo de este año 2026, y se ha mantenido en reserva.
Tras ser relevado del cargo, Polanco Palmer convocó a una reunión del personal bajo su mando para despedirse; sin embargo, rehusó decir que había sido separado de sus funciones, afirmando que emprendería un viaje al exterior aprovechando sus vacaciones.
Su cargo es ocupado, provisionalmente, por quien fuera el director de Medio Ambiente en la provincia María Trinidad Sánchez hasta tanto se designe un nuevo director.
Denuncias
Entre las denuncias de “irregularidades” que se han formulado en torno al Departamento Duarte de Medio Ambiente, se encuentra la de que en esa institución “opera una mafia dedicada a extorsionar” a propietarios de terrenos, personas que realizan construcciones, camioneros, operadores de vehículos pesados y dueños de minas.
Para controlar todos los movimientos que se hacen en la zona, tienen varios chaps, uno de ellos con mil camioneros, cuyos propietarios están obligados a pagarles al jefe operativo de la mafia, los viernes de cada semana, tres mil pesos cada uno, pues de lo contrario no los dejan trabajar y les incautan los equipos; de manera que sólo por este concepto se embolsillan, semanalmente, tres millones de pesos (RD$3,000,000.00).
También se ha denunciado que cobran “un peaje millonario” para permitir la explotación de minas de arena, piedras calizas, material de relleno para la construcción, para lo cual se trasladan a esos lugares a recaudar el dinero.
Pero, además, se han abrogado la facultad de exigirle un permiso de esa institución a todo el que tenga la idea de construir, aun sea un baño, echar una alambrada a un solar o cualquier movimiento por mínimo que sea, mientras que la ley 64-000, en el artículo 41, establece cuáles son las obras que requieren el permiso.
Sin embargo, esa exigencia no es obligatoria para quienes “se cantean”, pagando cantidades exorbitantes sin recibir ni siquiera un papelito.
En caso de que el afectado se niegue a ceder al chantaje, se llevan detenido a todo el que encuentren en el área y le incautan todas las herramientas de trabajo que estén cerca. Y si estas medidas no resultan efectivas, proceden al sometimiento judicial.
Uno de los casos “interesantes” de estos “servidores públicos” ocurrió al lado de sus oficinas, en San Francisco de Macorís, frente al estadio Julián Javier, donde se procedió al desmonte de una finca, en plena producción, de más de 40 tareas de cacao y otros árboles, que incluyen las riberas del Río Tubagua, para la construcción de una plaza china.
Además, circula la versión de que asesoran a los propietarios de una finca de 600 tareas que colinda con la Loma Quita Espuela, para condicionarla de manera que puedan vender solares para la construcción de casas veraniegas, a pesar de que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley de Áreas Protegidas, que están llamados a cumplir y hacer cumplir, lo prohíbe, y establece que para eso debe mediar un límite mínimo de 300 metros, lo cual ya fue paralizado por funcionarios de Medio Ambiente, que según las denuncias, se trasladaron desde Santo Domingo.
La Loma Quita Espuela es una Reserva Científica (Área Protegida de Categoría I), establecida para la preservación de bosques húmedos y biodiversidad, que es gestionada por la Fundación Loma Quita Espuela y Medio Ambiente. Es una zona de alto valor ecológico que fue declarada reserva para proteger sus recursos hídricos, fomentar el ecoturismo y combatir la deforestación.
