Documento legal señala ministra y funcionario del MESCYT mintieron

Un informe legal sostiene que la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, el viceministro financiero Neri Domingo de la Rosa Pimentel, y el director financiero, Francisco José Reyes Valerio, mintieron a los auditores de la Cámara de Cuentas en los datos suministrados a requerimiento del organismo de supervisión del uso de los dineros del Estado.

No obstante, en visita a la redacción de Acento.com.do, el viceministro Neri Domingo de la Rosa Pimentel, objeta el informe y la auditoría de la Cámara de Cuentas, argumentando que esa institución no dio acuse de recibo a las réplicas hechas por el MESCYT a las afirmaciones de los auditores.

Asimismo, alega que posteriormente tampoco la Cámara de Cuentas le hizo partícipe al MESCYT de un documento en el que ratificaba las primeras conclusiones de los auditores, documento sobre el cual se enteró porque Acento.com.do lo hizo público en informaciones sobre los hallazgos de la auditoría.

Lo que dice el informe legal sobre el MESCYT

El informe legal dice que estos funcionarios no observaron las disposiciones sobre la veracidad de la información que deben suministrar a los auditores de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con el titulo 4.1 sobre información financiera confiable, de la ley 10-04.

El artículo dispone expresamente que la información financiera suministrada debe ser “fidedigna, resultando para ello imprescindible incorporar en los registros contables, exclusivamente, aquellas transacciones realmente ocurridas y, por consiguiente, expresadas en su adecuada dimensión”.

La auditoría se encargó de identificar uno por uno los actos contrarios a las normas en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y por ello indica que procede aplicarle los artículos de responsabilidad civil a la ministra, Ligia Amada Melo de Cardona y los demás funcionarios identificados como responsables.

La auditoría establece “la existencia de irregularidades relacionadas con los temas: Ingresos Extrapresupuestarios (recursos propios); contrato suscrito con empresa extranjera sin licitación; personal activo remunerado en varias entidades públicas; personal contratado como igualado para legalizar contratos; adquisiciones sin cumplir los procedimientos establecidos; empleados como proveedores de alquiler de vehículos; adquisición de vehículos sin cumplir los procedimientos de compra establecidos; pago irregular de seguros de vehículos; en tal sentido, procede observar las prescripciones de los artículos 47, 48, y 54 de la Ley No.10-04 de fecha 20 de enero del 2004”.

Ley 10-04 y sus artículos 47, 48 y 54

Artículo 47.- Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a esta ley, se establecerá por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les compete.

Articulo 48

Párrafo IV.- Los servidores públicos cuya responsabilidad quedare comprometida en cualesquiera de los rangos previstos por los artículos 47, 48 y 49 de la presente ley, responderán por el perjuicio causado por su acción u omisión, con sus bienes personales mobiliarios o inmobiliarios, títulos, valores, acciones y otros instrumentos, en cualesquiera manos que se encontraren. Como consecuencia de lo anterior, los referidos bienes serán transferidos a nombre del Estado Dominicano o de la institución de que se trate, con la sola presentación de la resolución que intervenga o de la sentencia que sea dictada, según sea el caso.

Artículo 54.- Responsabilidad por acción u omisión. Los servidores serán responsables no sólo por sus acciones sino cuando dejen de hacer lo que les obliga la ley o las funciones de su cargo.

Lo que dice el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Neri Domingo de la Rosa, viceministro financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, visitó las oficinas de Acento.com.do, para quejarse de la Cámara de Cuentas y decir que nunca fueron informados de la confirmación del informe final de auditoría.

Explicó que ellos refutaron a tiempo las informaciones de los auditores, pero que no les hicieron caso a sus informaciones.

Dijo que Ligia Amada y su equipo actuaron con apego a la realidad, y que hicieron todo lo posible para cumplir la ley, y en el caso de la utilización de fondos recibidos directamente por servicios, fueron autorizados por escrito por el entonces Contralor General de la República del momento, Simón Lizardo Amézquita.

El informe dice que estos funcionarios no observaron las disposiciones sobre la veracidad de la información que deben suministrar a los auditores de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con el titulo 4.1 sobre información financiera confiable, de la ley 10-04

En su respuesta del 25 de octubre del 2010, Ligia Amada Melo explica a la Cámara de Cuentas que “la utilización que hacemos del 90% de nuestros recursos propios, se hace con la aprobación previa de la Contraloría General de la República, cuyo documento de sustentación fue mostrado y entregado a los auditores de la Cámara de Cuentas”.

Neri Domingo de la Rosa entregó copia del documento que le fue remitido a la Cámara de Cuentas, en respuesta al informe de auditoría. Dijo que nunca más recibieron respuestas y que se enteraron de la auditoría luego de que la misma fuera publicada por Acento.com.do.

El documento entregado tiene que ver exclusivamente con la contratación sin licitación de la empresa Innova Tecnology SA, representada por Lorenzo Guadamuz, para la instalación de un programa o plataforma de servicios digitales de Educación Superior. Fueron dos contratos, uno por 600 mil dólares y otro por 480 mil dólares.

Otros documentos tienen que ver con la discusión sobre los procedimientos de la Cámara de Cuentas. El 25 de octubre del 2010 Ligia Amada Melo escribió a Licelot Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas, sugiriendo que se delegara una comisión que se reuniera con los técnicos financieros del ministerio de Educación Superior para discutir las partes del informe de auditoría con las cuales los funcionarios del MESCYT no estaban de acuerdo.

El 21 de septiembre de 2011, la Cámara de Cuentas le reiteró al MESCYT los términos de su comunicación en la que le solicita un plan de acción para corregir las irregularidades, y diciendo que la ausencia del plan de acción implica el incumplimiento del artículo 45 del reglamento 06-04, que le otorga un plazo de 90 días para hacer las correcciones recomendadas por la Cámara de Cuentas.

Al persistir la diferencia entre el Ministerio de Educación Superior y la Cámara de Cuentas, lo que hizo este último organismo fue hacer constar las observaciones de los técnicos del MESCYT en el informe final de auditoría.

Pero Ligia Amada Melo insiste en que le quieren hacer daño, de acuerdo con el viceministro Neri Domingo de la Rosa Pimentel.

Lo que dice la ley sobre las diferencias:

Artículo 37.- Discrepancias. Las diferencias de opinión entre los auditores gubernamentales y los servidores de la entidad u organismo auditado serán resueltas, en lo posible, dentro del curso del examen. De subsistir, y si fueran de importancia, aparecerán en el informe, haciéndose constar la opinión divergente de los servidores.

En su informe, Ligia Amada Melo admite, por ejemplo, la compra de vehículos sin cumplir los procedimientos de compras establecidos, y justifica la violación diciendo que “es el único caso ocurrido, pero esta decisión de emergencia se tomó, para salvar la ejecución del programa de Inglés por Inmersión, uno de los programas puntales que ejecuta este ministerio”.

Las recomendaciones de la Cámara de Cuentas no fueron tampoco cumplidas por el Ministerio de Educación Superior. A este respecto la ley de la Cámara de Cuentas, la número 10-04, es muy clara:

Artículo 39.- Recomendaciones. La Cámara de Cuentas, mediante acciones coordinadas con la Contraloría General de la República, las unidades de auditoría interna y otras instituciones del Estado encargadas de funciones de control y supervisión, verificará la aplicación de las recomendaciones formuladas a través de sus informes.

Párrafo.- Las recomendaciones de auditoría serán de cumplimiento obligatorio en la entidad u organismo, y, por tanto, objeto de seguimiento y evaluación permanente.

Esa misma ley también explica la responsabilidad civil y penal de los funcionarios que no la cumplen, cuando dice lo siguiente:

Artículo 46.- Competencia para establecer responsabilidades. La Cámara de Cuentas es competente para establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil, así como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal.

Fuente: Acento