El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, son señalados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como las cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.
Según el órgano persecutor, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.
También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.
De acuerdo con el MP, para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (occiso), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.
El documento expresa que estos acuerdos sirvieron de instrumento para la distracción de fondos públicos y que, además, Rivas también recibió sobornos millonarios para beneficio personal.