Dos tribunales del Distrito Nacional han sido apoderados para conocer las solicitudes de medidas de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como «La Torita». Se le acusa de presunta difamación e injuria en contra de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del procurador adjunto Iván Feliz Vargas.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido apoderada para conocer la solicitud de medida en torno a la querella interpuesta por Faride Raful contra Ingrid Jorge.
Por otro lado, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido apoderada de la solicitud de medida de coerción presentada contra la comunicadora en el caso de la querella interpuesta por el procurador adjunto Feliz Vargas.
La asignación de estos casos se realizó mediante sorteo aleatorio computarizado por la jueza coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
La instancia de medida de coerción fue presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC). Los fiscales solicitan a los tribunales la imposición de las siguientes medidas: el pago de una garantía económica, presentación periódica y impedimento de salida del país hasta la finalización del proceso judicial.
En su instancia, el Ministerio Público acusa a la comunicadora Ingrid Jorge de llevar a cabo una campaña de descrédito sistemática contra la ministra de Interior y Policía y contra el magistrado Feliz Vargas. Afirman que difundió informaciones falsas a través de plataformas digitales como YouTube, Instagram y X. Este delito se castiga con hasta un año de prisión y una multa de quinientos salarios mínimos.
