Este Miércoles Santo, el Senado de la República reanudó sus labores para recibir el proyecto de ley que propone fusionar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en una sola institución gubernamental.
La pieza fue entregada a la Presidencia del Senado por el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, quien estaba acompañado por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el comisionado para la Reforma del Estado, Darío Castillo.
Peralta, quien leyó el comunicado enviado por el presidente Luis Abinader, explicó que la fusión busca fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, asegurando el manejo responsable de los ingresos y gastos públicos, «con una visión a corto, mediano y largo plazo que potencie la estabilidad económica y social de la nación».
También, es necesario optimizar la planificación y la inversión pública, asegurando la coherencia y eficacia de las estrategias de desarrollo sostenible, así como la coordinación interinstitucional.
El Poder Ejecutivo considera que esta unificación institucional podría mejorar la administración financiera del Estado al integrar los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad gubernamental, contrataciones públicas y administración de bienes del Estado.
Por último, destacó que las autoridades gubernamentales podrán asegurar un «clima de inversión» estableciendo «reglas claras» en relación con la responsabilidad fiscal.
Los representantes del Gobierno recordaron las palabras del presidente cuando anunció este plan en septiembre de 2024: «Todos los funcionarios y empleados necesarios para mantener los distintos programas dentro de las nuevas instituciones serán incorporados».
Sin embargo, los empleados que cumplan con los requisitos serán pensionados, mientras que aquellos que no cumplan con ninguna de estas condiciones deberán ser reubicados en el sector privado o en otra institución del Estado.
El documento legislativo aclara que el «personal activo» del Ministerio de Economía será evaluado con el fin de determinar la viabilidad de su reubicación, el reconocimiento de derechos adquiridos y otras medidas aplicables, tomando en consideración el perfil de competencias y la disponibilidad de puestos.
Según los detalles proporcionados por los funcionarios, la visión del gobierno es permitir la eliminación del Ministerio de Economía, transfiriendo sus funciones de ordenamiento territorial, operación internacional y gestión de asociaciones sin fines de lucro al Ministerio de la Presidencia.
El objetivo es evitar duplicidades y asegurar una administración más ágil, al mismo tiempo que se protegen los derechos e intereses del personal público y de las instituciones que se verán afectadas por la reorganización.
Dentro de las competencias que asumirá el Ministerio de la Presidencia se encuentra la de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, así como las establecidas en la Ley 368-22, Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos.
Formular y verificar la implementación de la política transversal de gestión del riesgo de desastres con una perspectiva de ordenamiento territorial, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, formular y dirigir las políticas de fomento de las asociaciones sin fines de lucro, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 122-05 para la Regulación y el Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
Otras responsabilidades incluyen el establecimiento de políticas de cooperación internacional no reembolsable, en colaboración con la Cancillería, así como «definir, formular, implementar y evaluar las políticas, normas y procedimientos» para la negociación, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable. Además, se participa en los procesos de acuerdos, convenios y contratos que representan la deuda pública del Estado.
Desde el trágico colapso de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, en el que fallecieron más de 230 personas, el Congreso Nacional ha detenido sus labores en señal de solidaridad con las víctimas.
Sin embargo, reabrió sus puertas este miércoles para recibir la pieza enviada por el poder ejecutivo.
El presidente del Senado de la República informó que el lunes, durante la reunión de la junta coordinadora en la que participan los legisladores de todas las bancadas políticas, se definirá el procedimiento legislativo para este documento.
La intención del Gobierno, según detalló el ministro Freund, es comenzar la ejecución del plan aproximadamente en septiembre de este año. Sin embargo, antes debe ser aprobado en dos lecturas en ambas cámaras legislativas.
