El avance del proyecto del monorriel de Santiago enfrenta una de sus mayores controversias en el sector Reparto Universitario, donde organizaciones comunitarias y residentes han interpuesto un recurso de amparo que busca frenar las obras en áreas consideradas ambientalmente sensibles.
La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme, presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, fijó para el próximo 6 de agosto la fecha en la que emitirá su decisión sobre el recurso legal.
El fallo se considera crucial para el futuro inmediato del trazado del sistema de transporte y podría sentar un precedente en torno a la relación entre desarrollo urbano e impacto ambiental.
Reclamo por violación de áreas protegidas
En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la violación de áreas protegidas en diversas regiones del mundo. Este fenómeno no solo amenaza la biodiversidad, sino que también pone en riesgo los medios de vida de las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas.
Causas del problema
Las principales causas de la violación de áreas protegidas incluyen la deforestación ilegal, la minería no regulada y la expansión de la agricultura intensiva. Estos factores, impulsados por la demanda creciente de recursos naturales, han llevado a una degradación acelerada de los hábitats naturales.
Impacto ambiental
El impacto ambiental de estas actividades es devastador. La pérdida de biodiversidad, el cambio en los patrones climáticos y la disminución de la calidad del aire y el agua son solo algunos de los efectos negativos. Además, la destrucción de hábitats naturales afecta a especies en peligro de extinción, como el jaguar y el tigre de Bengala.
El conflicto gira en torno al tramo del monorriel que afectaría el entorno del arroyo Los Burgos, un área natural ubicada en el mencionado sector. Según denuncian los comunitarios, la construcción en ese punto viola permisos ambientales originales y disposiciones legales relacionadas con el uso del suelo.
Alegan, además, que el trazado aprobado inicialmente establecía que la ruta pasaría por la avenida Salvador Estrella Sadhalá, sin afectar zonas residenciales ni ecosistemas vulnerables.
Los demandantes sostienen que el desvío no solo fue inconsulto, sino que ha sido ejecutado sin la debida revisión de impacto ambiental, afectando áreas que deberían estar protegidas por ley. La acción legal pretende detener de inmediato los trabajos en esa zona hasta que se determine si el nuevo trazado incurre en violaciones a derechos constitucionales y normativas ambientales.
Obras en curso a pesar del recurso
A pesar de que el recurso de amparo fue sometido con la intención de paralizar las intervenciones, los trabajos de desvío hacia el arroyo Los Burgos ya habrían comenzado. Así lo aseguró Mito Núñez, abogado representante de los accionantes, quien declaró a Diario Libre que las empresas contratistas han movilizado equipos a áreas verdes sin contar con nuevos permisos ambientales.
“La comunidad está decidida a hacer valer su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. No vamos a permitir la entrada de maquinaria a un área que debe ser protegida”, afirmó Núñez, quien también advirtió sobre posibles acciones legales adicionales en caso de que las obras continúen.
