El Estado dominicano condenado a pagar US$1 millón a empresa española

Un tribunal de arbitraje de la República Dominicana condenó al Estado dominicano a pagar una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios a la empresa española Azucarera Porvenir, al haber incumplido un contrato de arrendamiento suscrito en septiembre de 2010 con esta compañía.

La resolución, a la que hoy tuvo acceso Efe, declara que el Estado dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) incumplieron la entrega de unas 6.300 hectáreas arrendadas a Azucarera Porvenir para el cultivo de caña de azúcar en San Pedro de Macorís (sureste).
Esta es la segunda condena dictada en pocos meses por órganos de arbitraje en contra del Estado dominicano y a favor de empresas españolas, después de que en mayo una resolución de la Cámara Internacional de Comercio de París estableciera una indemnización de 45 millones de dólares para la compañía Codacsa, también por incumplimiento de contrato.
El nuevo fallo, dictado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, es “definitivo, inapelable y obligatorio de inmediato para las partes”, según la propia resolución, aunque los abogados del CEA han anunciado que lo impugnarán.
La firma española denunció en marzo de 2011 que el CEA le arrebató el 50 % de las 6.300 hectáreas que le arrendó para entregárselas a la local Constructora Castelar, del consorcio Grupo Vicini-Campollo, uno de los principales productores de azúcar del país, y a la compañía Inversiones Nacari.
También denunció la ocupación de las tierras por personal militar y de seguridad de Constructora Castelar, la quema de cultivos y otros daños para impedir a sus trabajadores agrícolas acceder a las plantaciones. El conflicto derivó incluso en incidentes en los que hubo dos muertos y cuatro heridos en julio de 2011 y marzo de 2012.
Al margen del procedimiento de arbitraje, ambas partes dirimieron sus diferencias en los tribunales dominicanos, ante los cuales el presidente de Azucarera Porvenir, Joaquín Martín Montero, reclamó el cumplimiento de varias sentencias a su favor.
El empresario español, en una carta entregada en abril en la Procuraduría General de la República, se quejó de que las sentencias fueron “desacatadas e irrespetadas” por el CEA y por los administradores del Grupo Vicini Campollo, a quienes acusó de ampararse “en su poder y posición”.
En mayo, la compañía acusó al CEA de impedirle concluir la zafra (recolección) de la caña azúcar, lo que le ocasionó pérdidas por más de 150 millones de pesos (cerca de 3,8 millones de dólares) y obligó el despido de unos 800 trabajadores.
La resolución arbitral, que confirma la superficie de tierra reclamada por Martín, reconoce que el incumplimiento ha ocasionado “ostensibles daños” a la empresa española, “principalmente por la disminución de su capacidad de producción, al no disponer de las áreas de cultivo convenidas y por las que efectuó pagos adelantados”.
Esta resolución se conoce cinco meses después de otra dictada en favor de la empresa Codacsa por el incumplimiento por el Estado dominicano de un contrato de concesión adjudicado en 2001 para la construcción y mantenimiento de una carretera en el este del país.
En este caso, la compañía ha denunciado el impago de los 45 millones de dólares de indemnización y la incautación de sus bienes por el Ejecutivo de Leonel Fernández, quien gobernó hasta agosto pasado. EFE

Fuente: Acento