El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia al cargo mediante una carta enviada al Ministerio de Justicia, después de que el Tribunal Supremo lo condenara la semana pasada por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador.
En la carta, García Ortiz explica que la sentencia del Supremo le impone la pena de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general, al considerar delictivos —“a falta de mayor concreción”— los hechos analizados durante el juicio.
“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía española determinan mi decisión de presentar mi renuncia sin esperar a conocer la motivación completa de la sentencia”, afirma. “Es un acto debido, no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.