El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó este jueves a la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que encontró culpable a Alexis Medina, quien era acusado de cometer actos de corrupción durante el Gobierno dirigido por su hermano, el expresidente Danilo Medina.
Para la organización política opositora, el dictamen de los jueces reafirma lo que desde el inicio del proceso judicial los dirigentes habían denunciado: “afirma que la sentencia del Tribunal (es) de mala fe”, al igual que evidencia el “uso político del Ministerio Público”.
“El Ministerio Público (MP) actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de exfuncionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal”, indica una nota de prensa publicada en el portal de la entidad política.
La dirección del partido no se refirió en su declaración, de manera específica, a la condena de siete años de prisión impuesta al consanguíneo del examandatario Medina, quien fue acusado de aprovecharse para crear un entramado societario que le permitió beneficiarse de obras, bienes y servicios del Estado, a través de maniobras fraudulentas.
No obstante, la nota de prensa asegura que el descargo de diversos imputados establecido por la decisión judicial demuestra la inexistencia de una “estructura criminal”.
“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, señala la declaración.
El PLD reiteró su posición de que, durante todo el proceso, el órgano acusador “desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política”.
“La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”, afirma el documento.
Asimismo, la organización política criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. Esto, a pesar de que no mencionó, de manera específica, a las personas que se refería.
“No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”, dice el comunicado.
El partido consideró que la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, “se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político”.
“No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare, judicialización de la política, que durante mucho tiempo denunciamos”, sostiene la nota.
