Desde el 1 de enero de 2026 comenzó a aplicarse en Estados Unidos un nuevo impuesto del 1% a determinados envíos de remesas, como parte del plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump. La medida impacta a millones de migrantes que envían dinero de forma regular a sus familiares en otros países.
Aunque el gravamen fue aprobado el año pasado, su entrada en vigencia marca el inicio de efectos concretos, especialmente entre quienes utilizan métodos tradicionales para enviar dinero, como efectivo o giros postales.
El impuesto establece un cobro del 1% sobre el monto enviado, pero solo se aplica cuando las remesas se realizan en efectivo, mediante giro postal o cheque de caja. En cambio, no se cobra cuando el envío se hace desde cuentas bancarias, con tarjetas de débito o crédito, o a través de plataformas digitales que operan con transferencias electrónicas.
Un aspecto relevante de la norma es que no distingue el estatus migratorio del remitente. Tanto personas con residencia legal como migrantes indocumentados están sujetas al impuesto, siempre que utilicen los métodos de pago alcanzados por la disposición.
El gravamen se aplica como una comisión adicional al costo del envío y es cobrado directamente por la empresa o institución financiera elegida. Estas entidades serán las responsables de reportar lo recaudado al Departamento del Tesoro. El impuesto no reduce el monto que recibe el destinatario, ya que se suma al precio del servicio.
Quedan exentas del impuesto las remesas enviadas mediante medios digitales o bancarios, como tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos, billeteras electrónicas (Google Pay, Apple Pay o Vigo Money) y tarjetas prepagadas.