Santo Domingo. Un grupo de más de 30 juristas, académicos, comunicadores, profesionales de la salud, investigadores y otras personalidades presentó este martes ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el propósito de incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y corregir disposiciones que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales.
h2La iniciativa plantea modificar los artículos 110 y 111 del Código Penal para que las mujeres, adolescentes y niñas, así como el personal de salud, no sean objeto de persecución penal cuando la interrupción del embarazo se realice en tres circunstancias: para proteger la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual.
Los firmantes sostienen que la redacción aprobada por el Congreso Nacional mantiene un régimen de penalización absoluta que no ofrece una respuesta adecuada a estas situaciones excepcionales y genera incertidumbre jurídica tanto para las pacientes como para el personal médico.
Asimismo, cuestionan el contenido del artículo 111, al considerar que la exigencia de agotar «todos los medios científicos y técnicos disponibles» antes de interrumpir un embarazo para salvar la vida de una mujer introduce un criterio ambiguo que podría retrasar decisiones médicas urgentes y generar inseguridad jurídica en casos de emergencia.
La propuesta también contempla garantizar el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a recibir información clara, suficiente, oportuna, científica, comprensible y libre de coacción para que puedan tomar una decisión informada en cualquiera de las tres circunstancias planteadas.
Los proponentes señalaron que, debido a que el Congreso mantiene abierta la discusión sobre modificaciones al nuevo Código Penal, existe la oportunidad de revisar los artículos cuestionados e incorporar las tres causales.
«El Código Penal todavía puede mejorarse. Incorporar las tres causales no solo responde a una demanda social sostenida durante años, sino que fortalece la protección de los derechos fundamentales conforme a la Constitución dominicana», expresaron los firmantes en el documento depositado.
La comunicación fue suscrita por más de 30 personalidades, entre ellas Magaly Caram, Ivelisse Acosta, Radhive Pérez, Cynthia Teresa Vega, Francisco Álvarez Valdez, Fausto Rosario Adames, Rosario Espinal, Tahira Vargas, Elka Scheker y Millizen Uribe, junto a otros representantes de distintos sectores profesionales y académicos.
