Las autoridades de inmigración, en colaboración con la policía estatal de Florida, han desarrollado un operativo a gran escala con el objetivo de detener esta semana a aproximadamente 800 indocumentados que residen en ese estado, según informó este miércoles el periódico Miami Herald.
El operativo, que comenzó el lunes pasado y se extenderá hasta el sábado, representa el primer esfuerzo coordinado de control migratorio entre agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la policía de Florida.
Las redadas se estarían llevando a cabo en los condados de Miami-Dade y Broward, así como en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers, según documentos citados por el periódico.
Las autoridades migratorias se han enfocado en detener a «delincuentes o infractores de inmigración» con órdenes de deportación finales.
Florida, con el gobernador Ron DeSantis al frente, se ha convertido en uno de los principales socios del gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.
En febrero pasado, DeSantis firmó dos leyes amplias que endurecen las condiciones para los inmigrantes irregulares y facilitan la aplicación de la agenda migratoria del mandatario estadounidense en este estado.
Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, imponen requisitos más estrictos para la aplicación de la ley por parte de los funcionarios locales y proponen cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.
Florida ha otorgado a su policía la autoridad para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas debido al perfil racial que podría ocasionar.
Un ejemplo de esto fue el arresto la semana pasada de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense que fue detenido por un agente de la Patrulla de Caminos de Florida por supuestamente ser indocumentado.
El joven fue detenido mientras viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.
López Gómez tuvo que presentarse ante un juez y no fue liberado hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.
