El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, explicó este viernes su postura sobre la castración química, propuesta que ha tratado de introducir en el Congreso Nacional.
Indicó que casos como la desaparición y asesinato de la niña Brianna Genao, quien habría sido abusada sexualmente y luego asesinada en Puerto Plata, presuntamente por dos tíos, así como otros hechos ocurridos en San Cristóbal, Jarabacoa y Santo Domingo Oeste, donde niños han sido víctimas de violación, lo motivan a continuar trabajando para crear un sistema que establezca consecuencias y sanciones que eviten que estos agresores sigan acabando con la vida de niños y niñas.
El proyecto al que se refiere el representante de la provincia Duarte fue sometido en dos ocasiones: en 2016, cuando era diputado, y luego en el período 2020-2024, ya como senador. En ambas oportunidades, la iniciativa perimió al no ser aprobada dentro del plazo reglamentario.
“Desde que asumimos nuestro rol como diputado, presentamos junto al entonces diputado Jean Luis Rodríguez un proyecto de ley sobre la castración química y no fue aceptado. Luego llegamos al Senado y, cuando se discutía el Código Penal, logramos que fuera introducido, pero al pasar a la Cámara de Diputados quedó fuera”, explicó.
Señaló que en una ocasión decidieron ceder durante el conocimiento del Código Penal, al considerar que era prioritario para no frenar el debate legislativo. “Pusimos a un lado esta ley para lograr la aprobación del Código Penal; sin embargo, al no ser aprobado en la Cámara de Diputados, cuando se sometió nuevamente logramos introducir esta medida suplementaria cautelar para personas encontradas culpables y sentenciadas por violación”, precisó.
Romero explicó que la castración química consiste en un tratamiento hormonal voluntario, mediante inyecciones, cuyo objetivo es reducir la libido o el deseo sexual. Aclaró que, aunque su deseo personal sería la extirpación de los genitales a un violador de niños o incluso la pena de muerte, la Constitución, en su artículo 37, garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
Sostuvo que se busca una medida cautelar como esta, que permitiría al agresor, luego de ser sentenciado a 20 o 30 años, reducir su pena a la mitad como incentivo, evitando que cumpla largas condenas sin tratamiento y salga en condiciones que puedan llevarlo a reincidir.
Estas declaraciones fueron ofrecidas este viernes por el representante de la provincia Duarte, vía Zoom, durante la emisión de noticias de Teleuniverso Al Día, transmitida por Teleuniverso Canal 29.
