El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este miércoles el quincuagésimo primer Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, para dar seguimiento a los avances de las metas priorizadas por el gobierno para el cuatrienio 2024-2028.
En la sesión fueron presentados los tipos penales relacionados con la administración pública del nuevo Código Penal Dominicano, así como la nueva Ley de Contrataciones Públicas, ambas piezas claves en el fortalecimiento institucional del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del Consejo, quien informó que las nuevas normativas buscan consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
“El Gobierno del presidente Abinader ha hecho de la integridad pública una bandera. Con este nuevo Código Penal, la nueva ley de contrataciones públicas y los avances reconocidos por la OCDE, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente, al servicio de todos los dominicanos”, aseguró Paliza.
Sobre el Nuevo Código Penal
La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, presentó los principales aspectos del nuevo Código Penal Dominicano, el cual incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública.
Entre las novedades se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos. Además, introduce disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, así como mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados con estos delitos.
La pieza también incluye estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico dominicano con las recomendaciones de organismos multilaterales, representando un paso firme hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas
La
Nueva Ley 47-25 de
Contrataciones Públicas ha sido aprobada recientemente por el
Congreso Nacional. Esta legislación tiene como objetivo principal mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación del
Estado.
Según el Ministerio de Hacienda, la ley establece nuevos mecanismos de control y supervisión para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la implementación de un sistema digital que permitirá a los ciudadanos acceder a información detallada sobre los contratos adjudicados.
Además, se promoverá la participación de pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación, fomentando así el desarrollo económico local.
La Ministra de Hacienda, María López, afirmó que esta ley representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones públicas.
Destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para lograr los objetivos planteados.
En resumen, la Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas busca establecer un marco legal más robusto y transparente, que
El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó los detalles de la nueva legislación, promulgada en julio de 2025, que moderniza el sistema bajo principios de transparencia, integridad y competencia.
Entre sus avances destacan la implementación de la plataforma Pladicop para la trazabilidad digital de los procesos; la incorporación de sanciones penales para actos de corrupción; la promoción de la inclusión social (con un 30% de las compras reservadas para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres); así como el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.
Fortalecimiento de la integridad pública
El
fortalecimiento de la
integridad pública es un aspecto crucial para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa.
La transparencia en las acciones gubernamentales y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable. Además, es esencial fomentar una cultura de ética y responsabilidad entre los funcionarios públicos para prevenir la corrupción y promover la confianza ciudadana.
Para lograr estos objetivos, es necesario implementar políticas efectivas que promuevan la transparencia y la participación ciudadana.
Esto incluye la creación de mecanismos de control y supervisión que permitan a los ciudadanos monitorear las acciones del gobierno.
Asimismo, es importante fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad pública, como las oficinas de auditoría y las comisiones anticorrupción.
En conclusión, el fortalecimiento de la integridad pública requiere un compromiso conjunto de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de la colaboración y el esfuerzo continuo se podrá construir un sistema de gobierno más justo y transparente, que beneficie a todos los ciudadanos.
Durante el encuentro, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, presentó los resultados de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destacan los importantes avances del país en transparencia e integridad pública.
Estos informes forman parte de un plan de acción para robustecer el marco institucional dominicano, promoviendo un modelo de gestión sostenible, transparente y eficaz en todos los ámbitos gubernamentales y sociales.
