La Universidad de Harvard intensificó su enfrentamiento legal con el gobierno de Donald Trump al presentar una demanda ante un tribunal federal este viernes, después de que la administración decidiera revocar su autorización para matricular a estudiantes internacionales.
En la demanda, la universidad —una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos— solicita a un juez que detenga de inmediato la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Harvard argumenta que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que excluye a la institución del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), viola la ley y representa un abuso de poder.
La decisión oficial, anunciada el jueves, prohíbe a Harvard inscribir nuevos estudiantes extranjeros y obliga a los ya matriculados a buscar otra institución o perder su estatus migratorio legal. Según Noem, la universidad se negó a entregar los registros de conducta solicitados por el DHS el mes pasado, lo que motivó la sanción.
El impacto de la medida es profundo: más del 25 % del estudiantado de Harvard es internacional. La incertidumbre ha generado preocupación tanto entre los estudiantes como en el cuerpo académico, quienes temen un éxodo que podría comprometer la excelencia académica de la universidad.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson justificó la acción afirmando que “estudiar en EE.UU. es un privilegio, no un derecho”, y acusó a Harvard de convertirse en “un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”.
La disputa entre Harvard y la administración Trump no es nueva. En los últimos meses, el gobierno ha presionado a la universidad para que modifique sus políticas de admisión, contratación y programación académica, exigiendo acciones contra el antisemitismo y el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión.
Estas tensiones aumentaron tras las protestas por la guerra entre Israel y Hamás, lo que generó fuertes críticas hacia Harvard por su gestión de los campamentos propalestinos en el campus. Informes internos revelaron que tanto estudiantes judíos como musulmanes experimentaron temor, exclusión y censura durante el año académico 2023-2024.
Harvard ha realizado algunos cambios en respuesta a la presión federal, como renombrar su Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión, que ahora se llama “Comunidad y Vida en el Campus”. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar las represalias.
En una carta enviada a la universidad, Noem acusó a Harvard de mantener un entorno inseguro y hostil hacia los estudiantes judíos, además de ser permisivo con ideas extremistas. No mencionó a los estudiantes musulmanes ni árabes.
Además de excluir a la universidad del programa SEVP, el gobierno ha congelado más de 2,200 millones de dólares en fondos federales asignados a Harvard y, según fuentes cercanas, el IRS está considerando retirar su estatus de exención fiscal.
Según observadores, la Casa Blanca busca sentar un precedente con Harvard y enviar un mensaje claro a otras universidades: si no se alinean con las exigencias del gobierno, enfrentarán consecuencias similares.
«Esto es una advertencia para el resto del sistema universitario», declaró Noem en Fox News.
La medida ha generado indignación entre estudiantes y profesores, quienes denuncian una acción punitiva y desproporcionada. Larry Summers, expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro, criticó lo que consideró un castigo sin justificación ni debido proceso, cuyas consecuencias recaerán principalmente sobre personas inocentes.
Según la demanda presentada, la universidad sostiene que se trata de una represalia política contra su autonomía institucional y académica, la cual está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
