El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, tras una querella presentada por el procurador adjunto Iván Feliz Vargas, quien la acusa de difamarlo a través de redes sociales.
La jueza Patricia Padilla ordenó el pago de una garantía económica de un millón de pesos mediante contrato, además de la presentación periódica los días primero de cada mes por un período de seis meses y la prohibición de salida del país.
El fiscal Eduardo Velázquez, en representación del Ministerio Público, confirmó la decisión del tribunal y aseguró que se trabaja en una acusación “sólida, metálica e indestructible” contra Jorge Pérez. “Este caso se va a ganar donde debe ganarse: en los tribunales, no en redes sociales”, subrayó.
Velázquez advirtió que la acción legal será llevada hasta las últimas consecuencias, incluso ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si es necesario. También reiteró que no habrá conciliación con la imputada, postura que, según dijo, ha sido respaldada por el propio Iván Feliz Vargas.
El Ministerio Público sostiene que Ingrid Jorge difundió informaciones falsas con el objetivo de afectar la honra y la reputación del magistrado. Las investigaciones continúan y se prevé que en los próximos meses se presente la acusación formal.