En la historia de los pueblos, pocas conquistas han sido tan esenciales como la libertad de expresión. No es solo un derecho; es el pilar que sostiene a la democracia, el oxígeno que permite que las ideas respiren y el escudo que protege al ciudadano frente al poder. Pero cuando ese derecho comienza a ser definido, limitado y condicionado por quienes gobiernan, ya no hablamos de libertad: hablamos de censura institucionalizada.
Y eso es exactamente lo que se cierne sobre la República Dominicana con el llamado Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que ya se discute y que, en apariencia, representa un avance democrático. Sin embargo, bajo su fachada jurídica, esconde una estructura de control, censura disfrazada de regulación y poder absoluto concentrado en manos del Estado. Si no se detiene a tiempo, podría convertirse en el mayor retroceso a las libertades públicas desde la caída de la dictadura de Trujillo.
La creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) es uno de los aspectos más peligrosos del proyecto. Aunque se presenta como “autónomo”, su dirección es nombrada directamente por el presidente de la República. De este modo, el control de los medios se concentra en un órgano politizado, con autoridad para multar, suspender y regular contenidos a su discreción.
Esto no es libertad. Esto es centralizar el pensamiento, uniformar el discurso y castigar la disidencia. Y cuando el árbitro depende del equipo que juega, el resultado siempre está amañado y no garantiza derechos; es un instrumento potencial de censura política. Su dirección ejecutiva es designada directamente por el presidente de la República, y su consejo directivo se forma a partir de ternas enviadas por el Poder Ejecutivo (Art. 38). ¿Cómo puede ser imparcial un órgano cuya existencia depende del poder político?
Esto rompe con cualquier principio de independencia institucional. El árbitro de la expresión pública y digital queda subordinado a los intereses del gobierno de turno.
Uno de los aspectos más alarmantes es la amplitud de los motivos por los que un medio puede ser sancionado. Basta con que se “vulnere la dignidad humana”, se “ofenda la moral” o se “atente contra el orden público”.
¿Quién define qué es moral? ¿Quién decide qué es ofensivo?
En manos de un poder intolerante, cualquier verdad puede ser considerada una afrenta. La ley permite suspender medios hasta por 90 días y aplicar multas exorbitantes. Esto no solo castiga el error: castiga la opinión, la crítica y la investigación periodística. Es la creación legal de una mordaza selectiva.
La ley otorga al INACOM poder para suspender medios de comunicación hasta por 90 días y aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos por contenidos que «vulneren la dignidad humana» o afecten a menores (Art. 65). ¿Quién define qué es “vulnerar la dignidad”? ¿Bajo qué criterios objetivos? Nadie lo sabe.
Este tipo de redacción ambigua es peligrosa. Esto se debe a que hoy puede utilizarse contra un mensaje ofensivo, pero mañana podría emplearse contra una denuncia legítima, una sátira política o un artículo incómodo para el poder.
Un medio puede ser castigado no solo por lo que publique, sino también por haber sido sancionado anteriormente. Es decir, el castigo se agrava por el historial, no por el contenido. Esto transforma la libertad de expresión en un privilegio condicionado, no en un derecho garantizado.
El Art. 53 permite que el INACOM censure conciertos, obras teatrales y espectáculos presenciales si considera que «atentan contra la dignidad o el orden público». Este lenguaje abre la puerta a un control cultural inaceptable, donde una canción, una obra o una crítica social puede ser silenciada por razones morales o ideológicas.
Estamos hablando de una ley que otorga al Estado el poder de decidir qué arte puede o no puede ver el pueblo. Es una reminiscencia peligrosa de los tiempos más oscuros.
La regulación que impone la ley sobre plataformas digitales es un espejismo. Exige transparencia, sí, pero a cambio de someterlas al control del Estado. Las obliga a tener representación legal en el país, a rendir cuentas y a justificar cada moderación.
Esto abre la puerta a una vigilancia ideológica, donde el usuario será observado, el algoritmo será cuestionado y el contenido que critique al poder será eliminado del debate de manera gradual. Además, la ley obligará a las redes sociales, buscadores y otras plataformas con más del 10% de usuarios dominicanos a tener representación legal local, rendir cuentas de sus algoritmos y justificar públicamente cualquier moderación de contenidos (Art. 19 al 24). Aunque parezca un avance, es un arma de doble filo: se puede usar para coaccionar a las plataformas o amedrentar a sus usuarios.
Además, se impone una lógica de “aprobación estatal” que transforma el espacio digital en un territorio vigilado, un “Gran Hermano” disfrazado de transparencia. Esto nos recuerda la novela distópica «1984» de George Orwell, publicada en 1949. En esta obra, el Gran Hermano es el líder y símbolo de un estado totalitario llamado Oceanía, donde el partido gobernante ejerce un control absoluto sobre la vida de sus habitantes.
Bajo el pretexto del derecho al olvido, la ley permite que se ordene la eliminación de contenido en internet si «afecta la dignidad». Aunque parezca justo, es un camino directo hacia la manipulación de la memoria colectiva. ¿Hasta dónde puede llegar un político corrupto para borrar reportajes incómodos? ¿Podrá una figura pública eliminar de la red toda crítica bajo el argumento de daño moral?
El Art. 23 permite que los ciudadanos soliciten a la justicia que se eliminen contenidos de internet si afectan su dignidad. En principio, suena razonable. Sin embargo, en la práctica, podría ser la antesala del borrado sistemático de información pública, histórica o comprometedora para figuras poderosas.
Si se deja al criterio de jueces susceptibles a presiones o parcializados, la verdad podría ser eliminada de la red de manera legal. En nombre de la dignidad, podríamos estar construyendo un sistema legal para eliminar la verdad incómoda.
Con la entrada en vigor de esta propuesta de ley, cualquier video o publicación pasada de periodismo de investigación deberá ser eliminado, ya que la ley permite ordenar la eliminación de contenido en internet si «afecta la dignidad» de cualquier político que haya sido señalado de corrupto y que no haya sido condenado por un juez en un tribunal o, más bien, haya sido absuelto de los cargos imputados.
La frase “Donde se queman libros, se terminan quemando personas” de Heinrich Heine es una advertencia sobre la conexión entre la censura y la represión. Indica que la destrucción de la información y las ideas libres eventualmente lleva a la persecución y puede culminar en la eliminación total.
La cita de George Orwell, «La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír», se refiere a la importancia de poder expresar ideas que pueden ser incómodas, contrarias o impopulares, como parte fundamental de la libertad de expresión. Es decir, no se trata solo de expresar lo que es cómodo o aceptado, sino también de decir lo que no se quiere escuchar. Esto nos deja muy claro que «cuando la libertad de expresión es regulada por el poder, deja de ser libertad y se convierte en privilegio«, destacando un punto crucial: la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho inherente a todo ser humano. La regulación por parte del poder puede restringir la expresión y transformarla en un privilegio concedido, en lugar de un derecho universal, ya que los dominicanos no somos una sociedad dividida por castas.
Quieren hacernos creer que esta ley moderniza la comunicación, pero en realidad la pone bajo vigilancia. Quieren hacernos creer que es una garantía de derechos, pero en realidad otorga al Estado el poder de decidir qué se puede decir y qué no. Quieren hacernos creer que todo será más justo, pero solo será más silencioso.
Muchos artículos justifican las restricciones bajo el pretexto de proteger a la infancia. Sin embargo, esta excusa ha sido utilizada históricamente por regímenes autoritarios para vetar libros, censurar películas, eliminar canciones y perseguir a artistas.
La niñez debe ser protegida, sí. Pero no a costa de crear una legislación tan amplia que permita suprimir el debate social, político y cultural bajo el pretexto de la moral pública.
¿Estás dispuesto a vivir en una democracia donde solo puedes hablar si el Estado te lo permite?
¿Estás dispuesto a entregar tu derecho a opinar, criticar y disentir por una falsa sensación de “orden” y “moral”?
¿O vas a defender tu voz antes de que te la quiten legalmente en nombre del “bien común”?
No nos dejemos engañar: este proyecto de ley no es una celebración de la libertad de expresión, sino su domesticación. Bajo un lenguaje técnico y aparentemente progresista, se oculta un sistema legal que habilita el control político, la censura preventiva y la autocensura forzada.
En una democracia madura, la libertad de expresión no se regula, se garantiza. Esta ley, tal como está redactada, debilita la democracia, intimida al periodismo y convierte el disenso en infracción.
Nos comenta la magistrada y profesora de comunicación Somnia Vargas Tejada: “Cuando la libertad de expresión es regulada por el poder, deja de ser libertad y se convierte en privilegio”. Ningún gremio de periodistas, medios de comunicación, radiodifusores, periodismo independiente o asociaciones de comunicadores, etc., debe delegar sus derechos a quienes deben representarlos. El poder político no debe intervenir en derechos que no le competen, ya que eso constituye una intromisión y una aplicación de poder superados después de la caída de Trujillo.
Recuerde esto muy bien: la libertad de expresión no se defiende cuando ya es tarde. Se defiende hoy. Porque una vez que se silencia una voz, el silencio se convierte en costumbre…
y cuando la costumbre se vuelve normal,
La democracia muere sin que nadie escuche su último grito.
