La comunicadora Ingrid Jorge enfrenta una nueva querella penal con constitución en actor civil, interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory), quien la acusa de presunta difamación e injuria. La acción legal fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el equipo jurídico del legislador, integrado por José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.
Moya, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también tiene abierta otra querella por los mismos hechos contra el comunicador Ángel Martínez, quien reside en Miami y fue arrestado el pasado 26 de mayo en Puerto Plata.
Según el expediente, Jorge habría incurrido en violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como al artículo 367 del Código Penal dominicano, al emitir declaraciones que el legislador considera falsas y perjudiciales para su imagen.
Esta acción judicial se suma a la presentada recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, quien también demandó a Ingrid Jorge por difamación e injuria, involucrando igualmente a Ángel Martínez en su querella. La ministra, representada por el abogado Miguel Valerio Jiminián, sostiene que ambos han difundido graves señalamientos sin fundamento, que buscan dañar su reputación al vincularla con supuestas actividades ilícitas y conductas inmorales.
La querella de Raful fue depositada el pasado 30 de mayo ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y se apoya en los mismos artículos de la Ley 53-07 y del Código Penal. En ella se argumenta que las declaraciones realizadas por Jorge tienen un carácter calumnioso, carentes de pruebas, y se realizaron con la intención de afectar la honra y credibilidad de la funcionaria pública.
Conflictos legales adicionales: Claudia Pérez y Ángel Martínez
Además de los casos mencionados, el diputado Moya mantiene un proceso judicial en curso contra la madre de Ingrid Jorge, la también comunicadora Claudia Pérez (La Tora), por presunta difamación. En el marco de ese litigio, la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto contra Pérez tras declararla en rebeldía. Luego de su detención, se levantó dicha rebeldía, pero Pérez respondió interponiendo una recusación contra la magistrada e iniciando un proceso disciplinario en su contra justo cuando iba a comenzar la audiencia.
Por otro lado, Ángel Martínez también fue querellado por Moya en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, proceso que resultó en su declaración en rebeldía y una orden de arresto y captura internacional, tras su inasistencia a múltiples citaciones legales.
Estos múltiples procesos judiciales vuelven a poner en el centro del debate la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales y medios de comunicación, especialmente cuando se trata de acusaciones contra figuras públicas, y plantean la necesidad de establecer límites entre la libertad de expresión y el respeto a la reputación ajena.
