El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que el prolongado retraso en su proceso judicial responde exclusivamente a actuaciones del Ministerio Público y no a maniobras dilatorias de su defensa.
La afirmación está contenida en una comunicación dirigida al presidente del Grupo SIN, en la que el exfuncionario fija posición sobre las causas que, según sostiene, han impedido que el juicio de fondo se inicie tras más de cinco años y siete meses desde el comienzo del caso.
Rodríguez indicó que permaneció cuatro años en prisión preventiva y que durante ese período nunca dejó de asistir a las audiencias ni solicitó aplazamientos. Asegura que su equipo legal ha actuado dentro de los plazos establecidos por la ley.
En la carta, señala que hace casi tres años depositaron ante el tribunal 1,046 pruebas con las que —según afirma— buscan demostrar su presunción de inocencia. Entre los aspectos que pretende debatir en el juicio menciona alegadas violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas de descargo, manipulación de dispositivos electrónicos y presuntas amenazas a testigos.
Uno de los puntos centrales de su reclamo es el volumen de la acusación presentada en su contra. La describe como excesiva y difícil de procesar, indicando que está compuesta por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales, que —según sostiene— equivaldrían a cerca de 50 millones de páginas.
El exprocurador también atribuye demoras al vencimiento de plazos para presentar la acusación formal y a la entrega tardía de pruebas de descargo, pese a órdenes judiciales. Afirma que, en lugar de suministrar más de 3,000 documentos en un formato accesible, se entregó un disco duro con archivos dañados, situación que —según expone— fue certificada por técnicos del Poder Judicial y provocó nuevas suspensiones.
Asimismo, menciona que el Ministerio Público solicitó el desglose del proceso respecto de dos imputados y posteriormente pidió su reunificación, lo que habría generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez sostiene que los jueces han dejado constancia en resoluciones de que las dilaciones identificadas son atribuibles al Estado y no a su persona. En ese contexto, expresó que espera que este miércoles 11 de febrero de 2026 finalmente se dé apertura al juicio, escenario en el que —asegura— presentará más de 25 alegadas violaciones al debido proceso y rebatirá las acusaciones formuladas en su contra.
