La jornada de protesta convocada por jueces y empleados del Poder Judicial este jueves ha generado preocupación entre abogados y usuarios del sistema de justicia, debido al impacto que tendrá sobre miles de procesos judiciales pendientes en todo el país.
La paralización, pautada por 24 horas, fue organizada en demanda de aumentos salariales, mejores condiciones laborales, más personal en los tribunales y cumplimiento de la indexación salarial. Según datos ofrecidos por los organizadores, alrededor de 450 jueces de un total de 737 se sumaron al paro, junto a casi dos mil servidores judiciales.
Durante la suspensión de labores no estarán disponibles la mayoría de los servicios presenciales en los tribunales, incluyendo depósitos de documentos, solicitudes de certificaciones, retiro de expedientes y celebración de audiencias ordinarias. Únicamente permanecerán operando los tribunales de atención permanente para garantizar el conocimiento de casos urgentes relacionados con personas detenidas dentro del plazo constitucional de 48 horas.
Juristas consultados consideran que la protesta podría profundizar el congestionamiento que ya afecta al sistema judicial dominicano. El abogado Esteban Pérez explicó que en Santiago algunos procesos simples pueden tardar entre tres y cuatro años debido a la acumulación de casos y la falta de jueces suficientes.
Indicó además que cada tribunal colegiado de esa jurisdicción conoce diariamente entre 20 y 25 audiencias, por lo que todas las vistas suspendidas deberán ser reprogramadas, provocando nuevos retrasos.
La situación preocupa especialmente en los casos penales, ya que la suspensión de audiencias podría extender la prisión preventiva de personas privadas de libertad. Abogados advirtieron que muchos procesos podrían ser reenviados para fechas de entre tres y seis meses.
El movimiento ha recibido respaldo de distintos sectores del ámbito jurídico en Santiago. Los abogados Juan Carlos Genao Peralta y Héctor Cabreja expresaron su apoyo a las demandas del personal judicial y sostuvieron que la protesta también busca fortalecer la institucionalidad y mejorar las condiciones en que opera el sistema de justicia, según reseña Listin Diario.
Especialistas consideran que el impacto no se limita al área penal, sino que también afecta procesos civiles, laborales, comerciales e inmobiliarios, incluyendo desalojos, cobros compulsivos y otras medidas consideradas urgentes.
Aunque el Poder Judicial aseguró mediante un comunicado que adoptó medidas para garantizar la continuidad de los servicios y la atención a los usuarios, representantes del paro sostienen que la respuesta del Consejo del Poder Judicial ha sido insuficiente y carente de soluciones concretas.
Actualmente, la nómina fija del Poder Judicial supera los 6,500 empleados en todo el territorio nacional, según registros correspondientes al mes de abril.
