Juez ratifica medidas y envía a juicio a dueños de Jet Set

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de fondo de Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para que ambos respondan ante un tribunal por los hechos relacionados con el desplome del techo de la discoteca Jet Set Club.

La decisión judicial da paso a una nueva etapa del proceso penal abierto tras la tragedia ocurrida el 8 de abril, en la que perdieron la vida 236 personas y más de un centenar resultaron heridas. Los imputados deberán responder por las acusaciones vinculadas a homicidio involuntario y lesiones involuntarias, conforme a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

Además de los acusados, el tribunal incluyó como terceros civilmente responsables a varias empresas y personas físicas señaladas en el expediente, quienes podrán ser requeridas para responder por las reclamaciones económicas derivadas del caso durante el juicio.

El magistrado decidió mantener sin variación las medidas cautelares que pesan sobre Antonio y Maribel Espaillat. Estas incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional. También continúan vigentes las restricciones sobre bienes y activos vinculados al proceso.

Durante la audiencia preliminar fueron admitidas todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre ellas documentos, informes periciales, evidencias materiales y testimonios. De igual forma, el tribunal aceptó las pruebas presentadas por la defensa y reconoció la participación de víctimas y familiares que se constituyeron legalmente como actores civiles.

Como medida para garantizar una eventual reparación económica, el juez autorizó la aplicación de embargos e hipotecas judiciales sobre propiedades, activos y valores pertenecientes a los imputados y a los terceros demandados civilmente, hasta alcanzar un monto de 500 millones de pesos.

Con la emisión de esta resolución, el expediente será remitido al tribunal que tendrá a su cargo el conocimiento del juicio de fondo, escenario en el que se determinará si existen responsabilidades penales y civiles por una de las tragedias más impactantes registradas en los últimos años en el país.