Una jueza federal de Estados Unidos ordenó cerrar y desmantelar en un plazo de 60 días el centro de detención migratorio conocido como “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes), ubicado al oeste de Miami, tras acoger parcialmente una demanda de grupos ambientalistas.
La decisión fue emitida por la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, en respuesta a la denuncia presentada por las organizaciones Friends of the Everglades, Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee, que exigían el cierre inmediato del centro por el impacto negativo en los Everglades, una zona natural protegida.
La orden judicial impide el ingreso de nuevos migrantes y prohíbe la instalación de infraestructura adicional como dormitorios, oficinas, cercos, pavimentación o excavaciones. Sin embargo, autoriza modificaciones y reparaciones en las estructuras ya existentes.
Al cumplirse el plazo de 60 días, las autoridades deberán retirar el cerco perimetral, desmontar la iluminación industrial y eliminar las instalaciones de gas, drenaje y desechos. También se permitirá nuevamente el paso a la tribu Miccosukee, comunidad originaria de la zona.
El centro, abierto el pasado 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras una visita del presidente Donald Trump, fue impulsado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y tenía capacidad para 2.000 personas, con planes de expandirse a 4.000 detenidos, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).
“Victoria emblemática” para los Everglades
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, celebró la decisión:
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”.
La demanda subrayaba que la instalación afecta a un ecosistema donde habitan 36 especies en peligro, entre ellas panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.
Migrantes en el centro y postura de México
El congresista demócrata Maxwell Frost informó que actualmente permanecen allí 336 migrantes, un tercio de los que había semanas atrás, lo que anticipaba el inminente fallo judicial.
En paralelo, el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, confirmó que 78 mexicanos siguen detenidos en el lugar. Tras visitar a 14 de ellos, aseguró que “se encuentran en buenas condiciones” y reiteró que la instrucción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es exigir respeto a los derechos humanos de los connacionales.
“Es injusto que personas que vienen a trabajar y a contribuir con sus impuestos estén detenidas en cárceles o centros de detención. No vamos a descansar hasta verlos libres”, declaró Escandón.
Una batalla judicial en curso
Pese al fallo, se espera que la disputa legal continúe. El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza Williams —nominada por el expresidente Barack Obama— y anunciaron que combatirán los fallos que ordenen el cierre definitivo.
Cabe destacar que esta demanda, de carácter ambiental, es independiente de otra acción legal presentada por defensores de migrantes encabezados por la ACLU, que denuncian violaciones a derechos humanos en el centro.
